Doce meses después de la muerte de su hijo durante un enfrentamiento entre policías y habitantes en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, Elia Tamayo Montes recibe todavía ofrecimientos de “apoyos” para que deje de pedir castigo para los culpables del crimen. En la entidad gobernada por Rafael Moreno Valle Rosas, admite, no es fácil alzar la voz ni pedir justicia porque a quien lo haga “le dan cárcel”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entonces encabezada por Raúl Plascencia Villanueva –a quién se le atribuyó una relación cercana con el mandatario poblano– emitió en septiembre pasado once recomendaciones al Gobernador. A la fecha, el mandatario estatal no las ha acatado, aseveraron familiares de personas que se encuentran detenidas tras el desalojo de la carretera el 9 de julio de 2014. El defensor de los derechos de la infancia, Alan Jiménez, detalló tampoco que el organismo no se ha pronunciado al respecto, sino que incluso “ha guardado silencio y por tanto es cómplice”. (Sin Embargo)