* ONU, Amnistía Internacional y WOLA emiten pronunciamientos de preocupación por las revelaciones.
Ciudad de México, 06 de julio de 2015. Tanto el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, como Amnistía Internacional y WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) se han pronunciado sobre la urgencia de investigar las órdenes castrenses de «abatir» civiles reveladas la semana pasada por el Centro Prodh en el contexto del aniversairo de la masacre de Tlatlaya, Estado de México.
Los organismos internacionales llamaron a reprensar la intervención de las fuerzas armadas en la política de seguridad pública del Estado mexicano, a la luz de las nuevas revelaciones yd e los casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sumarias denunciadas en años anteriores. También pidieron que, desde el ámbito civil, se haga una investigación exhaustiva e imparcial de las reponsabilidades de la cadena de mando militar.
“El mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal», dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA. El relator Christof Heyns resaltó que las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar a presuntos criminales: “deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”. Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, llamó a que la investigación de la orden castrense se haga “con urgencia”, y a que el gobierno garantice la cancelación inmediata de cualquier orden permanente parecida y ponga fin de inmediato a que las fuerzas armadas desempeñen funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar.
Ambos pronunciamientos llegan después de que el 2 de julio, el Centro Prodh, acompañado por seis organizaciones más, presentara el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que reveló la existencia de la Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente involucrado en los hechos, en la que el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, instruyó una semanas antes de la masacre a dicho oficial lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El gobierno federal reaccionó a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, quien señaló que “abatir” no tiene ninguna acepción que quiera decir “privar de la vida”, y que el documento tiene instrucciones precisas de respetar los derechos humanos. El Centro Prodh –que consignó tales “salvaguardas” en su informe- precisó que la orden militar no incorpora verdaderamente el respeto a los derechos humanos como pauta de actuación transversal de la tropa, lo que implicaría que cada actividad ordenada estuviera permeada por el respeto de los derechos universalmente reconocidos y la vigencia del marco constitucional y convencional. Por el contrario, “la orden incluye al lenguaje de derechos humanos de manera accesoria, siempre como un añadido, generando una situación que como mínimo debe calificarse de ambivalente: por un lado se usa el lenguaje de los derechos humanos pero por otro, en la dimensión operativa, las órdenes son abiertamente contrarias a los derechos humanos y además ilegales”, señaló en un comunicado del 03 de julio.