* La testigo y víctima Julia exige justicia y seguridad. Presentan orden militar que instruye a «abatir delincuentes».
Ciudad de México, 03 de julio de 2015. Con la presencia de organizaciones de la sociedad civil y con la voz de Julia, víctima, sobreviviente y testigo de la masacre de Tlatlaya, el Centro Prodh presentó el informe «Tlatlaya a un año: la orden fue abatir», en el que reveló el hallazgo de una orden castrense que instruye a los militares a «abatir delincuentes».
Las organizaciones presentes (Amnistía Internacional; Artículo 19; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; y el Instituto para la Seguridad y la Democracia), señalaron que el documento es contrario a un Estado democrático y de derecho, y exigieron un plan para la salida del Ejército de las tareas de seguridad pública. Respladaron la labor den Centro Prodh y destacaron que el tema «es una demanda de toda la sociedad civil».
En su turno, Clara Gómez González, conocida hasta este momento como Julia, señaló que ya perdió el miedo a hablar y decidió presentarse ante los medios «con la frente en alto» para aclarar que no ha recibido indemnización alguna, y que las aseveraciones de funcionarios públicos en ese sentido la han puesto en riesgo a ella y a su familia. Reiteró su exigenica de justicia por el asesinato de su hija Érika, la adolescente de 15 años fallecida ese 30 de junio de 2014 y quien no ha sido considerada víctima pese a los indicios de que la evidencia fue manipulada también respecto de ella.
El Informe presentado contiene cinco apartados: primero, Justicia incompleta y ausencia de verdad, donde se refieren las razones que impiden tener el caso por resuelto, como las significativas discrepancias en el número de víctimas de ejecución que subsisten en las versiones oficiales; segundo, Necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército, donde con pruebas documentales se comprueba la existencia de órdenes castrenses que propiciaron graves violaciones a derechos humanos en Tlatlaya; tercero, Indebida extensión del fuero militar, donde se señala cómo Tlatlaya evidencia los alcances y límites de la reciente reforma al fuero militar; cuarto, Revictimización, donde se alude a la ausencia de un trato digno para las víctimas; y, quinto, un apartado de Recomendaciones, en el que el Centro Prodh propone una ruta para revertir la impunidad y generar verdaderas garantías de no repetición.
Durante la presentación del Informe, se enfatizó que éste confirma una vez más la profunda crisis de derechos humanos que vive México pues documenta órdenes militares inconstitucionales propiciatorias de violaciones a derechos humanos, como la Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente involucrado en los hechos, en la que el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, instruyó una semanas antes de la masacre a dicho oficial lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
De acuerdo con el Centro Prodh, dicha orden -obtenida legalmente mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense- obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando. Sobre todo considerando que en el propio expediente el término “abatir” es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida humana. Por ello, se insistió, el esclarecimiento del caso Tlatlaya demanda que por primera vez se investigue en México con eficacia y debida diligencia la cadena militar de mando hasta sus últimas consecuencias.
Ante este panorama, el Centro Prodh presentó once recomendaciones puntuales para que se garantice justicia y verdad ante los hechos de Tlatlaya, entre las que destacan: crear una nueva Comisión Indagatoria en la que participen especialistas independientes conforme al Protocolo de Minnesota; realizar un nuevo ejercicio de acción penal por la totalidad de las víctimas de ejecución; interrogar en el fuero civil a todos los mandos militares responsables que podrían tener responsabilidad por su calidad de superiores jerárquicos conforme a la cadena de mando; suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa a “abatir delincuentes”; transparentar enteramente los expedientes asociados al caso; y, por último, reparar el daño causado a Julia desde una perspectiva integral, evitando colocarla en riesgos adicionales. Asimismo, la organización civil fundada por los Jesuitas señaló que información sobre la existencia en México de órdenes abiertamente contrarias a los derechos humanos ha sido enviada al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.