Pocas veces lo que sucede a los medios de comunicación y a sus trabajadores se convierte en noticia. Es un principio, que los periodistas no son ni deben ser la noticia. Pero de unos años hasta hoy se han agudizado las agresiones en contra de reporteros, directivos y dueños de medios de comunicación -la mayoría proviene de funcionarios, políticos y delincuentes, que a veces son los mismos-, hasta el punto de convertir a México en el país más violento y con mayor número de crímenes en contra de comunicadores. Por supuesto que el asesinato de algún periodista es la peor agresión a la libertad de prensa y al derecho a la información que puede sufrir la sociedad; pero hay otro tipo de amenazas que también disminuyen y atemorizan a los trabajadores de los medios, por ejemplo la censura por presiones externas, las demandas en tribunales, los vetos publicitarios, las agresiones físicas, las pésimas condiciones laborales, los despidos injustificados y el cierre de publicaciones y programas en medios electrónicos.
Es en medio de este clima violento como la prensa mexicana realiza su trabajo, y esa presión aumenta en la misma proporción con la que los periodistas defienden su independencia editorial y mantienen una línea crítica. Lo anterior tiene que ver con dos hechos recientes en medios de comunicación que llamaron mi atención. Esta semana nos enteramos por las redes sociales de que la empresa Univisión dio por concluido su contrato con el productor Porfirio Patiño, responsable del exitoso programa político Al Punto, que dirige el periodista Jorge Ramos, recién galardonado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo y en cuyo acto pidió la renuncia del presidente y criticó el despido de los periodistas Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Carmen Aristegui, que dieron a conocer la adquisición de la famosa Casa Blanca por parte de los ocupantes de Los Pinos.
Y dos, la carta-denuncia de 12 periodistas del Canal 22, en donde acusan a su director Raúl Cremoux de aplicar «una práctica censora sistemática de revisión, mutilación y no emisión de programas, enfáticamente referidos a violencia criminal, social y de Estado, seguridad y violación de derechos humanos». (El Universal)