Desde el inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto quiso desembarazarse del vínculo contractual con Televisa y TV Azteca, con las grandes empresas de radiodifusión y mostrarse como un primer mandatario priista que impulsaría una reforma profunda en telecomunicaciones y en medios.
A menos de tres años de distancia, la reforma legal devino en una contrarreforma: todos los avances que se lograron en el terreno de la reforma constitucional (incluir los derechos de las audiencias, determinar que los medios son “servicios de interés público”, crear un órgano autónomo para que el presidente no fuera el gran árbitro de las concesiones, avanzar en la convergencia y eliminar la brecha digital, entre otras) se transformaron, en la práctica, en retrocesos. En ningún otro sexenio como en éste el derecho a la información y los derechos de las audiencias han sido sistemáticamente violados y vulnerados con el acuerdo de los grandes corporativos mediáticos y el gobierno.
Lo peor de este escenario es que el autoritarismo informativo ya no es monopolio exclusivo de la Presidencia. En las entidades de la República, los gobernadores –sin distinción de signo partidista– recuperaron las viejas prácticas del control, intimidación, persecución hacia los medios e informadores críticos, la impunidad frente a los homicidios de periodistas, el despilfarro de recursos públicos para promoverse personalmente y la censura directa o indirecta. (Proceso)