* Reportaje desmonta la narración de la PGR sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas .
Ciudad de México, 15 de junio de 2015. Los 43 normalistas de Ayotzinapa nunca estuvieron en el cuartel de la policía municipal de Iguala ni acudió ningún elemento de seguridad pública de Cocula a este lugar, reveló a Proceso el juez de barandilla Ulises Bernabé García, de servicio la noche del 26 de septiembre y quien ahora solicita asilo a Estados Unidos. Además, «la peor parte de los ataques contra los normalistas ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal estaban operando en las calles de Iguala», asentó el semanario.
La periodista Anabel Hernández resaltó la importancia de la revelación, pues una pieza clave en la «verdad histórica» que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió tras la desaparición de los 43 estudiantes es que fueron detenidos y llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala antes de ser entregados al cártel de Guerreros Unidos, cuyos sicarios los habrían asesinado, calcinado y esparcido sus cenizas en el río San Juan.
En contraste, el funcionario municipal entrevistado afirma que, en las horas en las que la Procuraduría dice que los estudiantes fueron llevados a la base, un militar conocido como el “Capitán Crespo”, del 27 Batallón de Infantería de Iguala, al mando de un grupo de 12 soldados uniformados y armados realizó una minuciosa inspección en toda la comandancia por más de 15 minutos. Poco después llegó al mismo sitio el subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, y tomó control de la base por el resto de la noche y hasta las 8 de la mañana del día siguiente. «Ahora se sabe que el nombre completo del ‘Capitán Crespo’ es José Martínez Crespo, y es el mismo militar que fue al Hospital Cristina a amenazar a estudiantes sobrevivientes. El capitán y sus subordinados estuvieron activos toda la noche y hasta el amanecer en las calles de Iguala», detalló Proceso.
Esta revelación se da a poco más de un mes de ocurrido el tercer informe del Grupo Interdiscilplinar de Expertos Independeintes (GIEI) de la Comisión Intermericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes explicaron que -a pesar de ser una de sus primeras peticiones al gobierno federal- no han podido entrevistar a los integrantes del 27 Batallón.
Dos elementos ofrecidos alrededor del tercer informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa confirman que el destino de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada no puede darse por resuelto de ninguna manera con la versión y las pruebas ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR): primero, que existen alegaciones de tortura por parte de algunas de las personas en cuyas declaraciones se basa la teoría del caso, y segundo, que no hay un móvil sólido que explique el inicio de la trama esgrimida por las autoridades federales.
De confirmarse la tortura contra los detenidos y de acreditarse que los estudiantes no intentaban sabotear el acto político de la esposa del ex alcalde José Luis Abarca –que es el móvil que hasta hoy sostiene la Procuraduría- , los cimientos de la “verdad histórica” de la PGR quedarían debilitados.
Las fallas en la investigación de la PGR que hasta ahora ha documentado el GIEI no sólo ponen en riesgo la posibilidad de que las familias de los estudiantes y la sociedad en su conjunto puedan acceder a la verdad, sino que demostrarían un actuar irresponsable de las autoridades ante uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas en México durante los últimos años.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se había negado a la petición de la CIDH para dialogar con los elementos del Ejército Mexicano, aunque a finales de mayo el funcionario federal, reveló el Centro Prodh, mencionó que sigue analizando cuál será la vía para que se realicen estas entrevistas.