¿Qué clima de tranquilidad puede existir este domingo de elecciones, cuando el gobierno federal envió más de 2 mil elementos de las fuerzas armadas y de la Policía Federal para copar las casillas con agentes armados? ¿Qué condiciones de seguridad puede ofrecer el gobierno federal a la población asediada por el crimen organizado, cuando helicópteros artillados hacen vuelos rasantes sobre las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Cómo pueden confiar los ciudadanos y ciudadanas en la Policía Estatal cuando se coordinan con los grupos de choque que conforman las clientelas políticas de los candidatos, para golpear salvajemente a la población que ejerce su derecho a protestar? ¿De qué estado de derecho hablamos cuando se restringen libertades y se impide el libre tránsito a la población?
¿De qué tipo de elecciones hablamos en Guerrero cuando la violencia nos avasalla, cuando no paran las muertes violentas y las autoridades se muestran condescendientes con los grupos de la delincuencia organizada, al acompañarlos y apoyarlos en sus acciones delictivas relacionadas con la desaparición de personas? ¿Por qué tanta obcecación contra las organizaciones sociales que se manifiestan públicamente contra las elecciones y que plantean que no hay condiciones óptimas para su realización? ¿Por qué tanta permisividad con las organizaciones del crimen organizado que extienden sus dominios a varias regiones del estado e imponen a sangre y fuego sus propias normas?
Hoy en Guerrero reeditamos una etapa que creíamos superada, cuando la violencia era la marca de agua que caracterizaba los procesos electorales; cuando la policía y el Ejército se parapetaban en los municipios donde era fuerte el movimiento opositor al partido oficial para reprimir a la población y acallar a sus líderes metiéndolos a la cárcel. Hoy hay visos de una regresión autoritaria, de un retorno a los tiempos de la persecución y aniquilamiento de los adversarios. La militarización del estado es la amenaza más grande que enfrentamos los y las guerrerenses, porque vienen restaurar un régimen obsoleto, basado en la fuerza, el amedrentamiento, la amenaza, la criminalización y el encarcelamiento. Vienen ahora como defensores de la democracia; a imponer con sus armas la elección; a contener el malestar social; a reprimir las manifestaciones y protestas; a detener a los líderes que abanderen esta lucha, y como siempre ha causar más terror a una población lastimada y agraviada que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes y castigo a las autoridades responsables de este crimen de lesa humanidad. Los saldos de una elección militarizada serán funestos si las autoridades civiles mantienen su postura inflexible de no permitir que la sociedad exprese su descontento y su ira por tantas atrocidades cometidas por quienes han sido elegidos en las urnas y se han transformado en los verdugos del pueblo. (Tlachinollan)