* El caso se encuentra en estudio en la CIDH.
Ciudad de México, 05 de junio de 2015. La tragedia impune que el 5 de junio de 2009 arrebató la vida a 49 bebés y la salud a 76 más podría repetirse en cualquier momento. A seis años del incendio de la Guardería ABC, no hay ningún alto funcionario responsable bajo proceso penal ni ningún responsable en la cárcel; y a tres años de la promulgación de la Ley 5 de Junio, no hay un mecanismo de coordinación nacional que asegure mejores condiciones estructurales en las instancias infantiles. En resumen: se continúa sin justicia, sin verdad y sin medidas de cambio.
En estos 74 meses, madres y padres afectados tocaron todas las puertas de las instancias que deberían procurarles justicia. Las instituciones no respondieron a la altura: hasta la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido identificar ni siquiera la causa del incendio; los responsables a distintos niveles –desde Juan Molinar Horcasitas, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y bajo cuya gestión fueron otorgados los permisos para la subrogación de cientos de estancias infantiles, hasta los dueños, con parentesco con el entonces presidente Felipe Calderón– están libres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, resolvió que hubo violaciones graves a derechos humanos pero señaló hacia abajo en las responsabilidades: a dos funcionarios del IMSS, tres del estado de Sonora y dos del ayuntamiento de Hermosillo.
Año tras año, y procurador tras procurador (son cinco las y los titulares de la PGR que han tenido el caso en sus mano), no han faltado las promesas de que, ahora sí, se hará justicia. Hace unos días, se reunieron representantes de las familias, el Centro Prodh y Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría, quien se comprometió a presentar un plan de investigación a las familias, detallando las diligencias por practicarse en las averiguaciones iniciadas tanto en 2009 como en 2013; esta última maneja la tesis del incendio provocado, mientras que la primera acumula ya 168 tomos. Los familiares, conocedores ya, advierten: la confianza que piden los funcionarios la deben ganar con resultados.
Ante este panorama de impunidad, un grupo de madres y padres afectados decidió poner sus esfuerzos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y presentó el caso en octubre de 2014 con acompañamiento del Centro Prodh. El sistema interamericano de justicia lo estudia ahora; de ser admitido, esperan las familias, se podría obligar al Estado mexicano a implementar medidas efectivas para castigar a los responsables y solucionar de fondo los problemas de las guarderías subrogadas. Como apoyo desde la sociedad civil, una acción en línea coordinada por la plataforma de activismo Avaaz.org reunió, en menos de 6 días, las firmas de más de 20 mil personas que claman por justicia.
La exigencia de justicia familias y ciudadanos no se limita al esclarecimiento y sanción de las graves violaciones cometidas en contra de las 49 víctimas de la Guardería ABC, sino que busca poner fin a situaciones de riesgo para niños y niñas en las miles de estancias infantiles del país. Lo anterior, insisten, es urgente a la luz de tragedias recientes como el fallecimiento de niños y niñas en 2014 y 2015 en estancias infantiles en Coahuila, Sonora, Querétaro y Chiapas, a las que muchas veces se pretende poner punto final señalando que las víctimas murieron por broncoaspiración.
En ese sentido, las familias reconocen que fue gracias a su lucha incansable que el 24 de octubre de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como la Ley 5 de Junio, que busca garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los niños, incluyendo el derecho a un entorno seguro y a la protección de su integridad física. Sin embargo, aclaran, diversos estados ni siquiera han promulgado o armonizado sus leyes estatales para incorporar estos estándares de cuidado infantil.
La tragedia de la Guardería ABC es, hoy por hoy, una radiografía de la impunidad. Mientras el tiempo transcurre y las autoridades acumulan diligencias, peritajes y decenas de miles de páginas de documentos, para las familias no hay acceso a la verdad y la justicia. Pero la muerte de 49 bebés ha tocado también a la sociedad mexicana, que decidió desde el inicio honrarles acompañando a sus familias y negándose a olvidarlos. Por ellas y ellos, hoy se vuelven a encender luces de esperanza y clamores en las calles.
Guardería ABC