* Fueron acusadas de trata de personas y pasaron cuatro años prisioneras en Tapachula
Ciudad de México, 27 de mayo de 2015. La absolución de las mujeres migrantes Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales, encarceladas cuatro años en Tapachula, Chiapas, acusadas de trata de personas, «demuestra la violación sistemática al debido proceso”, y evidencia el fracaso del sistema penitenciario mexicano “que por un lado priva de la libertad a personas inocentes y, por el otro, deja impunes a los verdaderos operantes de las redes de trata”, indicaron en un comunicado organizaciones civiles e instancias académicas.
De acuerdo con Periódico Central, las hondureñas Deyra Elizabeth Santos y Karen Julisa Vallecillo Castro fueron las primeras mujeres migrantes detenidas en Chiapas y acusadas de traficar sexualmente con personas. «Deyra, presa desde 2011, fue condenada a 23 años y Karen, en la cárcel desde el 2010, a 29 años. La historia de Deyra se hizo pública cuando la Procuraduría de Chiapas la exhibió ante los medios de comunicación como un logro en el combate a ese delito. Así, según organizaciones defensoras de migrantes, la dependencia inició con una estrategia para aprehender y acusar al mayor número posible de mujeres migrantes que trabajan en bares o cantinas a donde llegan los sectores populares de la sociedad», explica el rotativo. Las migrantes habrían sido obligadas a acusarse mutuamente del delito de trata de personas.
La sentencia absolutoria fue dictada el día de ayer, y las mujeres recuperaron su libertad. De acuerdo con el comunicado de las organizaciones civiles, las migrantes decidieron demandar al Estado mexicano por el daño causado, y pedirán la reparación física, moral y sicológica, incluyendo el reconocimiento público de su inocencia.
No son las únicas mujeres en esta situación, indicaron las y los defensores de derechos humanos. En el mismo centro de reclusión hay al menos 23 mujeres más en la misma situación, a quienes se les «fabricó» el delito de trata de personas. Todas habrían sufrido violaciones al debido proceso, incluyendo la detención arbitraria, lo que demuestra «el contexto de violación de derechos humanos y vulnerabilidad que sufren las mujeres trabajadoras migrantes en la frontera sur de México», insistieron las organizaciones.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubican a Chiapas como un “polo de atracción” para la trata de personas con fines de explotación sexual, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres sin documentos, lejos de casa, sin conocer sus derechos o sin posibilidad de exigirlos, pues la misma exigencia las pone en la mira de las autoridades. Además por la xenofobia y discriminación social que naturaliza el hecho y se vuelve cómplice de autoridades, indicó Periódico Central.