El caso de Nestora Salgado es emblemático de la colusión de Estado con grupos de poder para violar la ley. Las fallas en el debido proceso son numerosas. Nestora optó por la huelga de hambre desde el pasado 5 de mayo y, el colmo, según denunció su hija Zaira, contrario a su aislamiento por casi dos años, ahora la llevan al comedor y le han tomado fotos obligada a detener una charola con alimentos
La policía comunitaria de Guerrero ha advertido que tomará carreteras a partir del 2 de junio, hasta lograr la liberación de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. Decisión importante, aun cuando, hay que señalarlo, inexplicablemente tardía. Ante ello el gobernador de Guerrero pide impulsar el lado jurídico porque en el caso: no basta la presión política. Ahí está definido el ya consuetudinario dilema ¿esperar pasivamente a la justicia, que no es ciega, o ejercer el derecho a la protesta social frente a las violaciones a derechos humanos?
El gobernador ha mencionado también la posibilidad de que se envíe al Congreso local una iniciativa de ley de amnistía, hay materia para ello, habría que verlo; seguramente en ello operará el inminente factor electoral. Presas y presos políticos sobran.
Para ello juega también el racismo y la discriminación, incluso la ignorancia sobre el derecho reconocido a los pueblos indígenas. Cada vez que se habla de la posible liberación de Nestora, se incrementa la campaña de medios, en las voces de organizaciones como la del Alto al Secuestro, para darle un trato de delincuente a Nestora Salgado, antes que el de autoridad electa dentro de una institución como la policía comunitaria, reconocida legalmente. En Guerrero faltan también los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. (La Jornada)