* La impunidad abona a la crisis «crónica» en México, destaca Insyde
Ciudad de México, 14 de mayo de 2015. «El paso del tiempo, luego de los hechos de Apatzingán, sin información que acredite las investigaciones y sin las consecuencias de ley correspondientes, abona de manera ejemplar a la crisis crónica en la que se encuentra el imperio de la ley en este país», acusó el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Para la ONG, la presentación urgente de resultados convincentes en las investigaciones recae en la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. «De no haber una respuesta coherente con la gravedad de las imputaciones, una vez más se minará el apoyo y la confianza social que deben estar en el soporte de la función policial en un Estado democrático de derecho», consideró.
De acuerdo con la investigación periodística de Laura Castellanos publicada el 18 de abril, que incluye 39 testimonios, videos y fotografías, 16 personas habrían sido ejecutadas y varias más heridas a manos de representantes de la Policía Federal el 6 de enero, en una manifestación de grupos de autodefensas en esa ciudad michoacana.
El mismo día de la publicación, la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación informó que “recibió de manera anónima un video del cual se pueden inferir presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal, en el municipio de Apatzingán en el Estado de Michoacán” y que se iniciarían las investigaciones correspondientes, recordó Insyde.
Tres días después se publicaron declaraciones del ex-comisionado de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, donde afirmó que el material publicado por la revista Proceso estaba fuera de contexto, y sostuvo que hay pruebas suficientes para demostrar fuego cruzado entre civiles. Por su parte, desde el 14 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el comunicado CGCP/008/15 donde informó que “integra el correspondiente expediente de queja”. A su vez, el periódico Reforma publicó que “todavía el 5 de marzo la Policía Federal dio a conocer en una respuesta de información que no tenía en sus archivos ningún documento respecto a una investigación interna sobre el caso contra sus agentes”.
La organización recordó que la masacre ocurrida en Apatzingán no representan el primer escándalo que implica a miembros de la Policía Federal, por lo que «esta institución no puede ser modelo de referencia ni ejemplo a seguir para otras policías en tanto sus sistemas de control interno y externo y su voluntad de rendir cuentas no estén por encima de la sospecha. Las actuaciones individuales de las y los agentes de policía deben evaluarse en función de las debilidades institucionales que las incentivan o que poco pueden hacer para controlarlas y evitar su repetición. Los hallazgos de las investigaciones deben convertirse en insumos encaminados al fortalecimiento de los distintas prácticas y mecanismos de supervisión de la policía, en el marco de un proceso de mejora continua».
Insyde expuso que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la actuación de la policía se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. «Esos principios sólo serán realidad en las prácticas policiales si se logra garantizar que las conductas positivas son premiadas y las negativas sancionadas. Si no hay rendición de cuentas jamás habrá policías profesionales», sentenció.