* A dos años del fallo de la SCJN, la obra sigue extrayendo agua del río Yaqui y la consulta está detenida.
Ciudad de México, 13 de mayo de 2015. Al cumplirse dos años del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Acueducto Independencia en Sonora, en el que se ordenó que se llevara a cabo una consulta a la tribu y que en caso de que se demostrara un daño “irreparable” a este pueblo indígena se suspendiera la obra, la resolución está incumplida «pues la obra continúa operando de forma irregular y los derechos de los yaquis continúan siendo violados», denunciaron decenas de organizaciones civiles.
El Acueducto Independencia es una obra promovida desde el año 2010 por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías, acusado de construir una presa ilegal en sus terrenos. La intención, declaró entonces el gobernador, era llevar agua de la presa El Novillo hacia la capital sonorense, Hermosillo, para paliar la falta del líquido para consumo humano. En realidad, han denunciado los yaquis, se destinaría a las industrias establecidas en esa ciudad, como cerveceras y ensambladoras de autos.
La tribu yaqui es titular del 50 por ciento de las aguas y escurrimientos del río Yaqui, que alimenta a la presa El Novillo. A pesar de todas las sentencias judiciales en su contra, ganadas tanto por los indígenas como por los grandes agricultores del Valle del Yaqui, el acueducto está en funcionamiento. El 8 de mayo de 2013, la máxima instancia de justicia confirmó un amparo a favor de la tribu yaqui, con lo que invalidó el MIA del Acueducto y ordenó consultar a las comunidades afectadas.
Las organizaciones explicaron que el proceso de consulta a la tribu sigue suspendido sin que existan las condiciones para que se retome, pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha otorgado toda la información solicitada por los yaquis en octubre de 2013; Mario Luna Romero, Secretario de las Autoridades Tradicionales del Pueblo de Vicam, y Fernando Jiménez Gutiérrez, vocero, se encuentran presos desde septiembre de 2014, acusados de delitos que no cometieron, además de que otros integrantes de la tribu siguen siendo hostigados; y el acueducto «sigue operando privando de agua a la tribu yaqui, vital líquido para la salud, la alimentación, la vivienda y la cultura de sus integrantes, causándoles daños graves e irreparables».
«En los hechos, el Acueducto Independencia está operando en violación del artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ocasionando un daño irreparable e irreversible a la Tribu, lo que ya ha sido constatado con el Peritaje antropológico respecto al impacto social por la operación del Acueducto Independencia, elaborado por la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)», indicaron.
Las organizaciones de la sociedad civil que emitieron el comunicado hicieron un llamado urgente a que las autoridades cumplan las disposiciones de la SCJN; a que la Semarnat y las instituciones dependientes de ella suspendan de inmediato la operación del Acueducto Independencia y entreguen la información solicitada para que la tribu cuente con elementos suficientes para tomar una decisión libre e informada; que el gobierno estatal detenga la criminalización de los defensores ambientales de la tribu, y a eliminar los obstáculos para la liberación de los defensores de derechos humanos Mario Luna y Fernando Jiménez, a fin de lograr su libertad.
Para las organizaciones, «la insistencia del Gobierno del Estado Sonora en continuar con la operación irregular del Acueducto Independencia, la decisión de Conagua y de la Semarnat de permitir la ilegal operación del Acueducto, la actuación omisa del Gobierno Federal y del Poder Judicial ha resultado en altos costos políticos, económicos y sociales tanto para la tribu yaqui, como para el estado de Sonora y para el país, toda vez que el caso ha escalado a nivel internacional como referente de criminalización de los defensores ambientales y falta de cumplimiento de la ley en México», finalizaron.