* Señalan que aún no se entrevistan con el 27 Batallón de Infantería.
Ciudad de México, 10 de mayo de 2015. Con preocupación por la fragmentación de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rindió su tercer informe público.
El GIEI, en conferencia de prensa, señaló que la investigación está fragmentada en 13 causas radicadas en 6 juzgados distintos, por lo que recomendó unificarla a fin de mantener una visión del caso y conectar los delitos, así como evitar la pérdida de evidencia, facilitar el acceso a la justicia y permitir el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes. Además, los expertos indicaron que se deben investigar otros delitos cometidos durante los hechos, como tortura, tentativa de homicidio y obstrucción de la justicia.
A pregunta expresa de los medios, señalaron que la mayoría de los detenidos expresaron que fueron víctimas de tortura, cuestión que investigarán.
En cuanto a atención a víctimas, el GIEI señaló que se debe hacer un mapeo completos de éstas y darles atención personalizada, así como generar un acercamiento progresivo para que las autoridades logren su confianza.
De acuerdo con el informe, existe un acuerdo entre autoridades federales y familiares de los normalistas para que se continúe la búsqueda de los jóvenes desaparecidos.
Los expertos informaron que también han apoyado a las autoridades en cuanto a los protocolos de investigación del delitos de desaparición, materia en la que insistieron que debe ser prioritaria la búsqueda de las víctimas.
Los expertos informaron que está pendiente la realización de numerosas gestiones que solicitaron anteriormente a las autoridades mexicanas, como la entrevista con el 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y el cumplimiento con celeridad de la atención médica a las víctimas, cono en el caso de Aldo Solano y Edgar Vargas.
El GIEI reiteró que los normalistas llegaron a Iguala el 26 de septiembre después de que hubiera acabado el evento de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde, y que se encontraban en un lugar distinto, además de que las autoridades en todo momento supieron de esto.
En su primer informe, rendido a finales de marzo, los expertos señalaron que la desaparición forzada de los 43 normalistas, los días 26 y 27 de septiembre, constituye un crimen de lesa humanidad; pidieron que continúe la búsqueda de los jóvenes y solicitaron una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala. En su segundo informe, recomendaron abrir nuevas líneas de investigación.