* Sostienen que los eventos, que dejaron decenas de heridos, se dan en un contexto nacional de criminalización de la protesta.
Ciudad de México, 11 de mayo de 2015. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social reprobó la represión en contra de las y los jornaleros en San Quintín, Baja California, con la que las autoridades respondieron a las protestas que han realizado en los últimos meses para exigir condiciones laborales dignas.
«Frente a la zozobra en la que se encuentran hombres, mujeres, niños y las niñas en San Quintín, hemos tenido conocimiento del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos en los acontecimientos que tuvieron lugar después de que el Subsecretario de Gobernación no acudiera a la mesa de diálogo acordada con las y los jornaleros para el día 8 de mayo», señalaron las organizaciones que conforman el Frente en un comunicado con fecha de 10 de mayo.
El Frente señaló que en los hechos del 9 de mayo, cuando policías estatales allanaron sin orden judicial las viviendas de los jornaleros y golpearon a ellos y sus familias, se utilizaron tanto balas de goma como armas de fuego.
«Dichos acontecimientos se dan en un contexto de criminalización y represión de la protesta social existente en el país y que incluso fue evidenciado por la CIDH en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión recientemente publicado. Por ello, las organizaciones que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestamos enérgicamente nuestro rechazo al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de Seguridad Pública. Más aún, resulta preocupante que se privilegie el uso de la fuerza frente a demandas de grupos sociales. Ello es un signo claro de la pérdida de libertades democráticas en el país y el incremento de prácticas autoritarias por parte de autoridades locales y federales, que refuerzan la crisis de derechos humanos en el país», manifestaron las organizaciones.
El Frente recordó que el diálogo genuino es una obligación del Estado en aras de garantizar los derechos en juego y de construir una verdadera sociedad democrática: «En este sentido, seguiremos atentas a los acontecimientos en San Quintín y exigimos que las autoridades cumplan los compromisos que adquirieron con las y los jornaleros, escuchen sus demandas y se tomen las medidas pertinentes para satisfacerlas». Insistió en que durante el desarrollo de protestas, ante eventuales tensiones, es obligación del Estado el empleo de estrategias de disminución de la intensidad, como la negociación y mediación.
«Así mismo, exigimos que las autoridades encargadas de proteger derechos humanos -específicamente la CNDH- brinden una protección efectiva ante estos hechos. Exigimos también el retiro inmediato de la policía de la zona, el respecto al derecho al debido proceso para las personas detenidas, el cese de la criminalización del derecho a la protesta y la investigación y sanción efectiva contra los responsables del operativo en San Quintín», finalizaron las organizaciones.