Una buena noticia. Como despertando de un sueño o de una pesadilla, según se esperaba que el país cambiara con los nuevos gobernantes o porque ya sufrió las políticas agresivas de ellos; o porque se ha dado cuenta de la catástrofe que se avecina, si los negociantes de la vida siguen saqueando los recursos naturales del país, o porque se niega a participar del circo electoral –según ha calificado el diario británico The Independent al proceso electoral en curso–, o porque ya se está harto de que los gobernantes vean el país como una empresa y a los ciudadanos como sus empleados; o por todas esas razones juntas, diversos sectores sociales han comenzado a coordinarse y movilizarse para protestar por el despojo al país y para unir sus pensamientos y trabajar en construir otro distinto al que ofrece la clase gobernante.
Cada quien se moviliza a su manera. Una es la ruta que en semanas pasadas anunciaron comunidades de Nayarit y Puebla, al informar sobre su decisión de solicitar amparo de la justicia federal contra el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, por aprobar una Ley Minera que permite a las empresas trasnacionales apropiarse de los minerales existentes en su territorio. Otros se movilizan de distinta manera. Es el caso de quienes, respondiendo a la convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se reúnen en el caracol de Oventic para homenajear al filósofo Luis Villoro Toranzo y al maestro Galeano, militante zapatista asesinado por huestes del PVEM, PAN y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.
Cuando este evento se esté realizando, varias comunidades del estado de México, entre las que se encuentran San Salvador Atenco y Xochicuatla, se estarán movilizando para defender sus tierras y territorios, su agua y sus bosques, asediados por empresas privadas. Quienes también se movilizarán en mayo son los pueblos que conforman la Caravana nacional por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, entre los que se encuentran los pueblos de la tribu yaqui de Sonora, los habitantes de Pijijiapan, Chiapas, y otros de Piedras Negras, Coahuila, afectados por la construcción de trasvases. (La Jornada)