En su presentación como candidato al gobierno de Guerrero, en agosto de 2010, Ángel Aguirre Rivero presentó un decálogo de compromisos. El décimo decía: Propondremos la revisión de aquellos casos de presos de conciencia y desaparecidos políticos que así se requiera. Pronto dio a entender que con ello prometía crear una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes políticos del pasado. Ya como gobernador, pareció olvidar su promesa, pero la presión social lo obligó a cumplirla parcialmente y en abril de 2012, luego de medio año de discusiones, el Congreso local tomó protesta a la Comisión de la Verdad, integrada por José Enrique González Ruiz, Pilar Noriega, Nicomedes Fuentes y Arquímedes Morales Carranza.
Desde sus orígenes, la comisión fue sistemáticamente agredida por caciques locales e incluso por fuerzas federales, a ciencia y paciencia del gobernador. Contra viento y marea, los comisionados y su equipo de investigación revisaron los documentos del Archivo General de la Nación (aunque en un principio se los negaron y luego les hicieron perdedizos numerosos documentos), buscaron otras fuentes, entrevistaron a supervivientes y familiares de las víctimas (sorteando amenazas veladas y directas) y recorrieron todo el estado. Y contra viento y marea, en octubre de 2014 entregaron su informe. En él documentan caso por caso, a veces de manera exhaustiva, la ejecución sumaria de 19 personas; la desaparición forzada de 239; la desaparición forzada transitoria de otras 209 (de las que 16 eran mujeres, al menos cuatro de las cuales fueron violadas). También informaron de otros 118 casos de presunta desaparición forzada que no pudo documentar directamente, pero de los cuales obtuvo información.
El informe se entregó en octubre. Han pasado seis meses. Nicomedes Fuentes me explica que, de acuerdo con la ley que creó la comisión, se entregó el informe a los tres poderes de Guerrero. El Legislativo lo subió a su página de Internet. El Ejecutivo, que estaba obligado a publicarlo y distribuirlo en todas las bibliotecas públicas del estado, no cumplió. La fiscalía general está haciendo estudios. Y no hay nada más: ni en materia de reparación del daño, justicia, medidas de no repetición y el derecho a la verdad que tienen las víctimas. Igual el gobierno federal, al que corresponde dar respuesta a los 512 casos documentados por la comisión: “Tuvimos una reunión a principios de marzo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y quedamos que se retomarían los asuntos pendientes en otra reunión después de Semana Santa. Ahorita no nos han podido recibir”. (La Jornada)