* Fallas ponen en mayor riesgo a los sujetos que se debe proteger, señalan.
Ciudad de México, 04 de mayo de 2015. Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por las fallas en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, que ponen en riesgo “aún más alto” a defensores y comunicadores. Además de “falta de dirección”, acusaron impunidad, falta de medidas de prevención, recursos inadecuados, ritmo lento de implementación, falta de claridad en los criterios de admisibilidad de los casos y falta de responsabilidad compartida.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Front Line Defenders; Federación Internacional de los Derechos Humanos; International Service for Human Rights; Jass – Asociadas por lo Justo; Latin America Working Group Education Fund; Brigadas Internacionales de Paz – México; Protection International; Washington Office on Latin America (WOLA) y la Organización Mundial Contra la Tortura. Las y los defensores calificaron de “crisis” el estado en el que se encuentra el Mecanismo, dependiente de la secretaría de Gobernación (Segob).
El comunicado público, fechado el 29 de abril, señaló que “la calidad y el número de análisis de riesgo han disminuido considerablemente y hay pocos incentivos para mejorar esta situación. Esto se debe en parte a la falta de recursos de la Unidad de Derechos Humanos”, e incluso se reporta falta de espacio físico para atender a beneficiarios y solicitantes. Además, sostuvo, “la sociedad civil se ha quejado de que no ha habido un seguimiento de la formación impartida a los miembros del personal de la Unidad de Derechos Humanos. La mayoría del personal del Mecanismo está igualmente empleada bajo contratos temporales en vez de contratos indefinidos. Esto genera falta de claridad en los planes de trabajo y en el seguimiento a los casos, así como una sensación general de inestabilidad”, explicó.
Para las organizaciones, las medidas de protección siguen siendo implementadas muy lentamente. “Las personas defensoras y periodistas permanecen en riesgo mientras esperan que las medidas otorgadas durante las Juntas de Gobierno sean implementadas. Por otra parte, la sociedad civil ha informado que hay un seguimiento inadecuado de las medidas una vez concedidas”, abundaron.
Los casos aceptados por el Mecanismo, indicaron, se implementan de manera parcial o contradictoria, además de que la falta de criterios y la aplicación arbitraria de las medidas de protección significa que personas defensoras y periodistas corren el riesgo de ser excluidas del Mecanismo. Además, “no hay información para establecer tendencias o patrones de ataques e incidentes de seguridad llevados a cabo contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A pesar de que la ley del Mecanismo lo requiera, las medidas de prevención son raramente puestas en marcha porque el análisis necesario para dictarlas no se lleva a cabo”.
Las organizaciones internacionales acusaron que la impunidad “generalizada” pone a las personas defensoras y periodistas en un riesgo aún más alto ya que hay pocos avances sustanciales en las investigaciones relativas a los delitos cometidos en su contra.
Otra de las graves fallas, señalaron las y los defensores, es que la responsabilidad de producir planes de protección efectivos recae principalmente en integrantes del Consejo Consultivo -formado por periodistas, defensores y expertos externos voluntarios y no remunerados-, “debido en gran parte a que las entidades gubernamentales que también participan en las Juntas de Gobierno no han asumido la parte de responsabilidad que les corresponde”.
Las organizaciones internacionales urgieron a cubrir el cargo de Director de la Unidad de Derechos Humanos; a garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento de la Unidad de Derechos Humanos, los criterios utilizados para aceptar o rechazar los casos, y el seguimiento que se hace cuando se otorgan medidas de protección; asegurar que haya una financiación adecuada para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de la Unidad de Derechos Humanos; mejorar la manera en que los análisis de riesgo se llevan a cabo; responder a tiempo a las solicitudes de protección, y garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que están en riesgo.
En su informe Estado de censura, dedicado a la situación de la prensa nacional el año pasado y presentado este martes, Artículo 19 señala que en los dos años que Peña Nieto lleva en la presidencia ha documentado 656 agresiones contra la prensa, 330 en 2013 y 326 en 2014. Lo anterior representa una agresión cada 26.7 horas y contrasta con lo registrado en el gobierno de Calderón (2006-2012), en cuyo mandato se contabilizaron 1,092 casos, es decir, uno cada 48.1 horas.
En agosto de 2014, el Comité Cerezo reportó que de junio de 2013 a mayo de 2014, registró 204 casos de agresiones a personas defensoras, que constituyen 274 eventos violatorios a los derechos humanos (agresiones y ataques) que afectaron a 133 personas, 47 organizaciones y 24 comunidades.