Las demandas de la opinión pública para dar vida a un Sistema Nacional Anticorrupción que, se supone, habría de eliminar este problema endémico en México y la difusión de los reportajes sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa así como la compra de otra casa por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aceleraron la aprobación de una reforma en esta materia. Las cosas no son, empero, como se ha publicitado por el gobierno y sus aliados. Veamos.
La Reforma Anticorrupción tiene lugar justo en pleno proceso electoral federal y local en varias entidades del país. El descrédito de los políticos está fuera de duda. La aprobación de una reforma constitucional sobre Anticorrupción fue la estrategia pluripartidista para vender la percepción a la opinión pública que se actúa para enfrentar el tema.
La reforma constitucional Anticorrupción deja intocada la figura del presidente de la República, sólo sujeto a dos hipótesis para ser procesado: a) Traición a la patria, cuyo tipo penal es poco menos que imposible acreditar y b) Delitos graves del orden común, cuyo título ha desaparecido del Código Penal. Fue precisamente la corrupción en la que incurrió el Presidente, su familia y su secretario de Hacienda quienes generaron, con sus conductas, la necesidad en el círculo rojo de hacer algo en esta materia. Paradójicamente, los responsables de los principales actos de corrupción no tuvieron una sola referencia legal Anticorrupción y, en realidad, se asiste a un acto de simulación, otro más, para manipular a la opinión pública. (Proceso)