* La ley, parte de lo que han exigido organizaciones y sociedad civil a partir de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 30 de abril de 2015. Con la reforma al artículo 73 constitucional, aprobada ayer en el Senado, se proporcionan facultades al Congreso para legislar sobre desaparición forzada y tortura. La adición a la Carta Magna se envió a la Cámara de Diputados, y se prevé que hoy mismo sea avalada. Representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de Freedom House y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, afirmaron que quedaron pendientes temas como el desplazamiento forzado, así como las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, reseñó El Economista.
Una vez aprobada por la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales, el Congreso de la Unión tiene que expedir la legislación dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.
La demanda de realizar una reforma constitucional en derechos humanos fue un reclamo unánime de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil a partir de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
El 19 de abril, organizaciones de la sociedad civil presentaron al Senado propuestas legislativas para buscar el reconocimiento constitucional del derecho humano a no ser desaparecido; que incluso en caso de suspensión de garantías se asegurase el derecho a no ser desaparecido; y que se facultara al Legislativo Federal a legislar en diversas materias enfocadas a la garantía de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1 constitucional, entre ellas sobre desaparición de personas, tortura, ejecución arbitraria y desplazamiento forzado interno. Las propuestas fueron generadas por más de 120 organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, con la asistencia técnica de la Oficina en México de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH).
Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa solicitó el 14 de abril al Senado que “a la mayor brevedad” aprobara en este periodo de sesiones la reforma constitucional para que se reconozca de manera expresa la desaparición forzada y para que se faculte al Congreso de la Unión para legislar en la materia.
Con información de El Economista