Poder realizar funciones de control y vigilancia en el manejo y destino de las participaciones federales implica un enorme paso en la rendición de cuentas, sobre todo ante la recurrencia preocupante de los gobiernos de los estados de garantizar el pago de la deuda con recursos provenientes de nuestros impuestos. Es común que los estados ni siquiera vean llegar las participaciones federales ya que por instrucciones de las tesorerías federal y las estatales se van directamente a un vehículo de pago, es decir a fideicomisos de garantía; donde se instruye que las participaciones se depositen directamente al banco acreedor de la deuda estatal a efecto de pagar el financiamiento.
Este es el escenario perfecto para que los gobernadores se endeuden por miles de millones y acaben su administración en medio de una apabullante y súbita riqueza personal mientras sus estados heredan deudas enormes, garantizadas con las participaciones federales, atrofiando así el desempeño de las administraciones futuras.Los gobernadores, en el marco de la discusión y aprobación del sistema nacional anticorrupción, se han manifestado en contra de que la Auditoría Superior de la Federación pueda fiscalizar y coordinarse con las instancias de fiscalización locales. Su molestia es una clara señal de que la reforma constitucional los obligará a la transparencia y la rendición de cuentas respecto a las participaciones que reciben, su enojo nos muestra claramente que les pegaron donde más les duele. (Sin Embargo)