* Se carea a petición de la defensa del policía detenido diez años después de los hechos.
México, DF, 22 de abril de 2015. Lydia Cacho se careó el día de ayer con el mando de los policías que la torturaron en diciembre de 2005, al detenerla por una acusación de difamación debido a que reveló una trama de pornografía infantil en su libro Los demonios del Edén.
La declaración de la periodista, que se dio a solicitud de la defensa del policía José Montaño Quiroz, se prolongó durante varias horas y tuvo lugar en el Reclusorio Oriente. El detenido está acusado de liderar la tortura que padeció la también defensora de mujeres durante 20 horas.
La detención de Montaño se dio casi 10 años después de los hechos, y poco después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitió el caso en Ginebra. La organización defensora de periodista ARTICLE 19 sostuvo que la detención y procesamiento de uno de los policías detenidos no garantiza el derecho a la justicia, “puesto que todavía queda pendiente la captura y enjuiciamiento de los actores intelectuales de las agresiones sufridas contra la periodista Lydia Cacho en el 2005”.
En octubre de 2014, ARTICLE 19 junto con la periodista Lydia Cacho, presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una petición individual para que el caso fuera revisado ante esa instancia. Derivado de esto, se activó un proceso judicial contra uno de los policías que participó en su detención arbitraria y tortura.
En diciembre de 2014, tan sólo dos meses después de presentar la comunicación ante el organismo internacional, la PGR ejerció acción penal contra dos policías judiciales del estado de Puebla. De forma inusitada, y siendo que la averiguación previa se encontraba en integración desde 2006, finalmente –a raíz de la demanda de justicia a nivel internacional- se decidió perseguir y enjuiciar a dos de los responsables. Uno de ellos fue capturado y sujeto a proceso en prisión, mientras que otro se encuentra prófugo.
“Una puede pensar que después de tantos años de hacer terapia psicológica y de reconstruir tu vida todo sería más sencillo, pero no lo es; estoy inquieta, los recuerdos vuelven, la tortura y las amenazas han vuelto a mí como si hubiese sucedido apenas hace unos días. Recuerdo que el policía Montaño me lo dejó claro al dejarme en la cárcel de Puebla, advirtiéndome que dentro sería violada por las presas pagadas para ello, me advirtió que si lo detenían él se encargaría de mi muerte, lenta y dolorosa. Lo detuvieron sólo después de una década porque llevamos el caso a Ginebra ante la ONU”, sostuvo Lydia Cacho el día previo al careo con el policía.
La periodista señaló que ella y su equipo de defensa tienen información de que el despacho del abogado Oscar Jorge Fink Serra, radicado en Cancún, quien hace años defendiera a Kamel Nacif Borge, es ahora el defensor legal del policía “y que los vínculos mafiosos entre ellos siguen vigentes. Eso significa que la protección de las mafias de tratantes de niñas y niños con mis torturadores probablemente siga viva”, recalcó.
ARTICLE 19 alertó de que “la periodista ha sufrido amenazas y hostigamientos severos que han puesto en riesgo su vida, integridad y seguridad personales. Ello denota que los autores intelectuales de los delitos y violaciones a derechos humanos contra Lydia Cacho en diciembre de 2005, políticos de alto nivel y empresarios, reaccionan con virulencia ante la demanda persistente de justica y cualquier avance mínimo en su proceso”, y llamó a las autoridades a garantizar su seguridad e integridad.
“ARTICLE 19 recuerda que la petición individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU parte de la exigencia de justicia completa, hasta hoy insatisfecha. Por ende, la captura y procesamiento de un policía que actuó bajo las órdenes del entonces Gobernador de Puebla, y diversas altas funcionarias y funcionarios de procuración y administración de justicia, no resulta suficiente. En todo caso, lo sucedido en los últimos meses se acerca más a un paliativo que a una verdadera garantía de acceso a la justicia para Lydia Cacho, casi 10 años después de las agresiones sufridas”, finalizó la organización.
Con información de Proceso y Artículo 19