Al activismo empresarial no le son suficientes las mutaciones que ha impuesto al Estado. Pelea directamente, frente a los resquicios que la Constitución ofrece a los sujetos sociales y a las voluntades políticas. La semana pasada conocimos dos perlas que dan cuenta de esa tendencia. La organización Mexicanos Primero, promotora de la llamada reforma educativa de 2013, tramitó un amparo, por conducto de su filial jurídica Aprendamos Primero, contra las secretarías de Gobernación (SG) y de Educación Pública, así como en contra del gobernador de Oaxaca y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Los acusa de avalar acuerdos contrarios a sus leyes, perdón, a las normas educativas vigentes, en especial las relativas al servicio profesional docente y a la evaluación educativa. Cuestiona las minutas de acuerdos con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La segunda perla se refiere al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fijando su postura en torno al derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, la expresó en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México. Sus palabras no tienen desperdicio: “Estamos trabajando para garantizar la certidumbre jurídica en la parte de registros públicos de la propiedad, tenencia de la tierra y sobre la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en la reforma energética, para que no sea vinculatoria y no obstruya los programas de inversión que tenemos”.
Admitió que ello se extendería no sólo a los proyectos energéticos, sino a los de minería y agua. Ciertamente, hace tres décadas aún se guardaban las formas y equilibrios. Los gobernantes priístas eran celosos de su estatus, aun cuando favorecieran a esos sectores. En el caso educativo, el conservadurismo es de larga data. Ahora han convertido a los docentes en el villano favorito, al margen del conjunto de factores que inciden en el proceso educativo. Mal favor le hacen al INEE erigiéndose en los defensores de sus funciones. ¿Otra curiosa variante de la intervención neogobernante? En cuanto a la consulta indígena, tanto las secretarías de Energía como la de Medio Ambiente, así como la de Economía, le pueden decir al CCE ¿qué necesidad, para qué tanto problema? Si ellas están interviniendo directamente para distorsionar y mediatizar el derecho a la consulta. Pregunten si no a la tribu yaqui, al Consejo de Defensa de la Tierra del Istmo de Tehuantepec, que se enfrentan a concesiones y megaproyectos inconsultos y manifestaciones de impacto ambiental a modo para las empresas. Lo dicho: los neogobernantes se quitaron la máscara. (La Jornada)