* Integrantes de “Rompiendo el silencio” exigen la libertad inmediata de Verónica Razo, Cristel Piña y Yecenia Armenta.
México, DF, a 23 de marzo de 2015. Las mujeres y organizaciones parte de la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomiende al Estado mexicano priorizar la erradicación de la tortura en todas sus formas y niveles, en particular la tortura sexual a mujeres.
Las comisionadas y comisionados señalaron, en la audiencia del 20 de marzo, que es la tercera vez que el organismo regional recibe información sobre esta grave práctica en México, y sostuvieron que debe ser una prioridad para el Estado erradicarla. Reconocieron la especificidad de género de esta violación a los derechos humanos y celebraron el escuchar directamente la voz de las sobrevivientes, a través de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.
Durante la audiencia temática, las organizaciones solicitantes de la audiencia –el Centro Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y JASS- evidenciaron que el Estado mexicano no ha garantizado el derecho de toda mujer denunciante de tortura a una investigación pronta y efectiva; que las sobrevivientes son revictimizadas, estigmatizadas y criminalizadas, y que el entramado legislativo supuestamente generado para protegerlas no les ha beneficiado. Denunciaron también que el Estado no reconoce a cabalidad la problemática y no cuenta con información desagregada y actualizada respecto a las denuncias presentadas por mujeres sobrevivientes de tortura sexual cometida por agentes estatales.
Las organizaciones destacaron que en el reciente informe del Relator de Tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, se enfatizó que es de suma preocupación “el especial uso de la violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas”, en donde “la mayoría de estos casos no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad, y presentan retos particulares para las víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos”.
Las participantes en la audiencia marcaron como recomendaciones para poner fin al ciclo de tortura e impunidad, que se tomen en cuenta los impactos diferenciados de la tortura sexual en las mujeres y las consecuencias directas e indirectas de esta práctica, pues es una forma de discriminación de género que pone en grave riesgo la vida, la integridad y el ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres.
Las integrantes de la campaña también señalaron su preocupación y exigieron la libertad inmediata de Verónica Razo Casales, Cristel Piña Jasso y Yecenia Armenta Graciano, sobrevivientes de tortura sexual a manos de agentes estatales, que se encuentran encarceladas injustamente.