*La Sociedad Responde es un espacio de diálogo que busca ofrecer alternativas a la crisis de corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos.
México, DF, 23 de marzo de 2015. La masacre de 22 civiles a manos del Ejército en Tlatlaya, la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala y el escándalo de la compra de la Casa Blanca de la esposa del Presidente de la República no solamente pusieron en la mira de la opinión pública la grave crisis que vivimos en México. Pueden ser también el punto de inflexión si desde la sociedad civil se logra construir una agenda concreta y realista para enfrentar la impunidad, la corrupción y las graves violaciones a derechos humanos que estallaron en el rostro del país en el año 2014. Por ello, más de 30 organizaciones participamos en “#SociedadResponde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos”, un espacio de diálogo que busca ofrecer alternativas desde la visión y la experiencia de quienes cotidianamente defienden los derechos humanos, y que tendrá su primera cita este 26 de marzo.
Ayotzinapa, Tlatlaya y la Casa Blanca develaron, a nivel nacional e internacional, el México que la imagen presidencial logró maquillar en los dos primeros años de su mandato gracias al acento puesto en las reformas estructurales y en algunas modificaciones que, sin tocar los problemas estructurales, se realizaron en temas de derechos humanos, como la aprobación de la Ley General de Víctimas y los cambios al fuero militar.
Uniéndose a los millares de mexicanos y mexicanas muertos a causa de la llamada “Guerra contra el crimen organizado”, los civiles ejecutados extrajudicialmente en Tlatlaya nos señalaron la inexistencia, en la práctica, de controles civiles sobre las fuerzas armadas que continúan ejerciendo funciones de seguridad pública. Ayotzinapa nos recordó que la falta de castigo a las desapariciones forzadas de las décadas de la Guerra Sucia es el abono para que, bajo el amparo, participación directa u omisión del Estado, hoy existan cerca de 23 mil personas de las que oficialmente no se sabe de su paradero, de acuerdo con cifras oficiales. El escándalo de la Casa Blanca demostró que los escasos mecanismos de rendición de cuentas no son suficientes ante las tramas de conflicto de intereses y corrupción que permean al sistema político mexicano a todos sus niveles.
Organismos internacionales han confirmado, en distintas áreas, que la crisis denunciada desde hace años en una realidad alarmante. A través del Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) y del Relator Especial para la Tortura, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que las desapariciones y la tortura son prácticas estatales generalizadas. Como remate, el alto comisionado del organismo para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, colocó a México entre las naciones que más cometen violaciones a los derechos humanos. Además, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) continúa concediendo audiencias a organizaciones civiles mexicanas para examinar la situación de México en temas tan delicados como tortura sexual, desapariciones forzadas e incluso la reforma energética.
La reacción del Estado mexicano ha sido la descalificación de los informes y observaciones de la ONU, y la queja constante de que no se toman en cuenta los avances que ha emprendido. Sin embargo, el gobierno se ha limitado a publicar decálogos, medidas y compromisos que no atacan de fondo las causas de esta crisis largamente cultivada; incluso el poder legislativo ha relegado de sus discusiones el tema. La altísima impunidad contribuye además a que las insuficientes acciones del gobierno sean recibidas con escepticismo y desconfianza.
Lo que se requiere en esta situación son reformas estructurales bajo los más altos estándares, a partir de propuestas alternativas de cambios legislativos, rediseño institucional y acciones concretas. La base se puede asentar en las experiencias exitosas de países que han atravesado crisis similares.
Los cambios –para lograr, por ejemplo, nuevos y más profundos controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, investigaciones efectivas de las ejecuciones extrajudiciales, reconocimiento y combate a la grave crisis de desapariciones, incluyendo por supuesto a las forzadas, y mecanismos efectivos de combate a la corrupción- son urgentes. La sociedad civil debe establecer los puntos centrales de la agenda de discusión y tomar protagonismo en las propuestas.
Ante ello, “#SociedadResponde” -iniciativa impulsada por Centro Prodh y Fundar y auspiciada por el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales- buscará abrir un diálogo para establecer propuestas en temas centrales de derechos humanos y corrupción.
Confiamos en que la sociedad civil, desde su perspectiva y experiencia, contribuirá a que México revierta el grave panorama que agravia todos los días a sus habitantes.