* Fue torturada por elementos de la Policía Estatal Única para que se autoinculpara del delito de extorsión.
México, DF, 18 de marzo de 2015. Cristel Piña Jasso, sobreviviente de tortura sexual a manos de elementos de la Policía Estatal Única de Chihuahua y aún presa acusada de extorsión, decidió unirse a la campaña nacional “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, anunciaron su padre Rafael Piña y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).
“Sabemos que nos puede costar la vida porque así son, pero tenemos que decir lo que hacen con los detenidos. Me dejaron ver a mi hija 24 horas después de que se la llevaron, estaba muy golpeada y en sus ojos vi que le había pasado algo más”, sostuvo el padre de Piña Jasso, quien estuvo acompañado también por la suegra y la cuñada de su hija.
El centro de derechos humanos reiteró que en Chihuahua es común el uso de la tortura, incluyendo la sexual, para obtener confesiones autoinculpatorias de detenidos y detenidas; agregó que ha registrado 127 casos desde octubre de 2011 a diciembre de 2014.
El 12 de agosto de 2013, la policía del estado de Chihuahua entró sin orden judicial en el domicilio de Cristel y su esposo en Ciudad Juárez; fueron detenidos bajo el argumento de que “alguien” los había acusado de estar implicados en extorsión. Al inicio de la detención, la policía amenazó con violar a Cristel delante de su esposo si no confesaban, mientras éste fue torturado delante de ella. Luego Cristel fue torturada física y sexualmente delante de él. Posteriormente fueron obligados a firmar una declaración autoinculpatoria en dependencias de la Fiscalía General del Estado, en presencia de la Policía Judicial y de un abogado de oficio.
La policía declaró que había detenido al matrimonio en un centro comercial el 12 de agosto, después de presuntamente que un sospechoso los llevara hasta ellos. Los vecinos desmintieron la situación, pues presenciaron cómo la policía los detuvo en su domicilio.
El 13 de agosto, Rafael Piña pudo visitar a su hija en las celdas de la Fiscalía General del Estado, pero sólo le permitieron hablar con ella en presencia de la policía judicial. Éste observó hematomas en su cara, pero Cristel sólo pudo susurrar que no podía decir nada o le volverían a pegar. Cuando su padre protestó y dijo que su hija no estaba implicada, la policía amenazó con acusarlo de participar en la comisión del delito.
El mismo día, el padre de Cristel presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) de Chihuahua, pero los funcionarios no la visitaron en detención ni han realizado una investigación.
El 14 de agosto Cristel fue acusada formalmente y se ordenó su prisión. Cuando compareció ante el juez para hacer su primera declaración, se retractó de su confesión, denunció la tortura que había sufrido y se descubrió la pierna para mostrar los hematomas. Sin embargo, ni el juez ni el ministerio público realizaron una investigación para evaluar su denuncia de tortura y malos tratos, y se aceptó como prueba su declaración inicial ante el ministerio público. Actualmente, Cristel y su esposo siguen en prisión en espera del resultado de su juicio.
Paso del Norte sostuvo que el caso de Cristel es un perfecto ejemplo de cómo la tortura sexual es “un mecanismo de control social que ejecuta el Estado con diferentes objetivos: de represión, intimidación, humillación, generación de pruebas inculpatorias y muchos otros”.