* Casa del Migrante presentó informe al Relator de la ONU, Juan Méndez.
México, DF, 12 de marzo de 2015. Debido a que las autoridades se niegan a investigar la tortura como tal, y prefieren tipificarla como delitos de menor gravedad, además de la falta de celeridad y efectividad en las investigaciones, el estado de Coahuila tiene una deuda con las víctimas de tormentos a manos de agentes gubernamentales, consideró la Casa del Migrante de Saltillo.
A pesar de que la Casa del Migrante de Saltillo ha interpuesto diversas denuncias ante el poder judicial, el ministerio público y ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC), poniendo de manifiesto la práctica de este crimen en agravio de migrantes, ningún nivel de autoridad ha querido reconocer la tortura como tal y la minimizan con calificativos como lesiones o uso indebido de la fuerza.
“Las autoridades y la Comisión en Coahuila siguen limitando el concepto de tortura, a tal grado que para que se acredite, la víctima tiene que presentar pruebas médicas con lesiones graves y demostrar que estas fueron provocadas con la intención de arrancar una confesión, haciendo con esto prácticamente imposible que la víctima acredite su dicho de que fue torturado”, lo que va en contra de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, pasando por alto la instrucción que de ella surge en aplicar la ley que más beneficie a las personas, denunció la Casa del Migrante.
El 30 de mayo del 2013, la Casa puso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos estatal por tortura ejercida en contra de personas migrantes en manos de elementos del Grupo de Reacción Operativa para el municipio de Saltillo. En el mes siguiente se ratificó la queja. El 23 de julio del 2013, el centro de acogida presentó un breve informe que acuerpa 33 casos de personas migrantes que fueron torturadas en diferentes eventos “pero con un patrón muy claro de acciones”.
“Ningún juez, magistrado u otra autoridad de cualquier nivel ha ordenado que se inicie la investigación por tortura de acuerdo a como lo establece el artículo 8 de la Convención americana para erradicar la tortura, donde señala que con el solo hecho de que se denuncie o se presuma que existe dicha práctica, la acción mínima es la de iniciar una investigación como tal”, lamentó la Casa del Migrante.
La organización pidió al gobierno tomar medidas para reducir la violencia a la que están expuestos los migrantes, incluyendo la debida investigación y castigo de los responsables, y facilitar el acceso de la sociedad civil y abogados a las estaciones migratorias y a entrevistas confidenciales con los migrantes, además de que las denuncias que se presentan por tortura sean tipificadas como tal.
La Casa del Migrante señaló que presentó al Relator Especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, un panorama general de la situación que vive Coahuila en cuanto a tortura por parte de los cuerpos de seguridad, y por la desprotección de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.