* Verónica se encuentra en prisión desde hace más de 3 años con la única prueba de su confesión obtenida bajo tortura.
La actual política de seguridad y combate a la delincuencia organizada, particularmente en los últimos dos sexenios, ha permitido que los cuerpos de seguridad pública en todos los niveles de gobierno y las fuerzas armadas hagan uso desmedido y sin control de la fuerza. Esto ha favorecido e incluso incrementado el número de casos de personas que son torturadas por dichos servidores públicos con el fin de obtener confesiones o señalamientos de otras personas para incriminarlos en actos delictivos, y de esta manera respaldar acusaciones criminales, fabricando culpables.
En este sentido, la tortura ha sido identificada como una práctica sistemática y generalizada, de acuerdo con el Relator Especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez, durante su visita a México en el 2014, quien también identificó que generalmente ocurre durante el lapso de la detención y la puesta a disposición de la autoridad ministerial, y con fines de castigo e investigación. Igualmente, señaló el uso de la violencia sexual como forma de tortura, generalmente cuando la persona detenida es mujer; además de que hay una impunidad casi total en favor de los responsables de la tortura y fabricación de culpables.
Tal es el caso de Verónica Razo Casales, quien fue detenida ilegal y arbitrariamente el 8 de junio de 2011 a unas cuadras de su casa por siete hombres vestidos de civil que portaban armas largas, quienes la encañonaron, la esposaron y la subieron con lujo de violencia a un automóvil sin placas oficiales, mismo que comenzó a avanzar a alta velocidad.
La detención fue presenciada por vecinos quienes fueron amenazados de muerte para que no intervinieran, e inmediatamente dieron aviso a la señora Austreberta Casales, madre de Verónica, quien supuso que su hija había sido víctima de un secuestro, por lo que desde ese momento intentó localizarla por diversos medios, entre ellos una llamada a Locatel.
Verónica fue trasladada a oficinas de la Policía Federal, donde se enteró que también habían detenido a su hermano Erick Iván Razo Casales, ambos fueron sujetos por más de 24 horas a actos de tortura como golpes en diversas partes del cuerpo, asfixia, descarga eléctricas en genitales, amenazas, y además Verónica fue objeto de violación sexual por parte de los policías que la detuvieron, todo ello con el fin de obligarla a decir que ella había sido “muro” junto con su hermano en dos secuestros y que había recibido pagos por eso, también la obligaron a reconocer a varias personas en unas fotografías que le mostraron.
Las anteriores autoincriminaciones fueron asentadas en sus primeras declaraciones ante autoridad ministerial, la cual se obtuvo mediante tortura evidente. No obstante, ambos son ajenos a los hechos que se le imputan. Después de ello, fueron trasladados a oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) a las tres de la tarde del 9 de junio, sin embargo les permitieron hacer una llamada telefónica a su madre, hasta el 10 de junio, después de haber rendido su declaración sin presencia de algún abogado.
Al llegar la madre de Verónica a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le permitieron ver únicamente a su hijo Erick, informándole que Verónica había sido trasladada a un hospital, sin decir a cuál, ni dar mayor información. La razón de la hospitalización de Verónica fue una grave alteración de su ritmo cardiaco a raíz de la tortura sufrida, quedando constancia médica de su estado crítico de salud en ese momento.
Ante estas circunstancias de incomunicación y detención arbitraria, la señora Austreberta Casales interpuso demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, al cual se le asignó el número 566/2011-II, en contra de la detención arbitraria de sus hijos y la falta de inmediatez en su puesta a disposición de la autoridad ministerial. Al momento de ratificar la demanda de garantías, la actuaria judicial adscrita al Juzgado de Distrito también constató que Verónica presentaba hematomas en las costillas, pecho, espalda y ambas caderas; moretones a los costados de las costillas, y dos marcas rojas en el costado izquierdo debajo de la axila, producto del maltrato y tortura por parte de las autoridades.
A pesar de lo anterior, Erick y Verónica Razo Casales fueron arraigados en el Centro Federal de Arraigo en la Ciudad de México por aproximadamente dos meses y posteriormente fueron remitidos a distintos Centros Federales de Readaptación Social, acusándolos por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, mismo que fue apelado sin éxito.
Pese a las denuncias presentadas por la madre de Verónica desde el inicio de la detención ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra de la Administración de Justicia y la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores, ambos de la PGR, no se permitió el acceso de dichas dependencias al Centro Federal de Arraigos de la SEIDO. Lo anterior provocó una pérdida en la evidencia de los hechos de tortura denunciados, y a la fecha no hay ningún responsable en prisión.
No obstante, el estado psicofísico de Verónica quedó asentado en las respectivas declaraciones ministeriales, además de que durante el desarrollo de las investigaciones por tortura se han encontrado evidencias que corroboran que Verónica presenta diversos síntomas de estrés pos-traumáticos acorde con los requerimientos del Protocolo de Estambul (Dictamen Médico/Psicológico Especializado para personas que alegan ser víctimas de tortura).
Actualmente, Verónica Razo Casales lleva ya 3 años y 8 meses en prisión preventiva, es decir, aún no se le ha dictado sentencia, pues parte fundamental de las pruebas en su contra es su propia confesión obtenida bajo tortura, una llamada anónima acusándolos de un supuesto secuestro la cual no ha sido ratificada, reconocimientos que no cumplen los requisitos legales y el dicho de los policías, en el cual falsamente manifiestan que detuvieron a Verónica junto con diez personas más porque “tenían la sospecha de que iban a delinquir” el día 9 de junio del 2011, un día después de la detención, no obstante existen pruebas que demuestran lo contrario, como la llamada a Locatel que realizó la madre de Verónica donde reporta su extravío desde un día antes y las denuncias puestas desde el día 8 de junio.
Recientemente se decidió agotar una vía más para lograr la libertad de Verónica y romper con esta cadena de injusticia e impunidad que vive al estar en prisión por un delito que jamás cometió. Por ello, se ha presentado un incidente por desvanecimiento de datos ante el Poder Judicial de la Federación, con la convicción de que este poder determine que no existieron pruebas legales que justificaran válida y fundadamente la detención arbitraria de Verónica Razo Casales, puesto que existen evidencias que demuestran que las pruebas que se utilizaron para someter a prisión a Verónica son por demás ilegales y van en contra de los derechos humanos y de las normas de debido proceso, por lo tanto, son inválidas, razón suficiente para determinar su libertad inmediata.
Verónica forma parte de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, la cual tiene como objetivo visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres que son detenidas por elementos policiales, militares o marinos en la supuesta labor de protección que deberían proveer a la sociedad. “Rompiendo el silencio” acompaña los casos de Miriam Isaura López Vargas y Claudia Medina Tamez, víctimas de tortura sexual y quienes obtuvieron su libertad por medio de un incidente por desvanecimiento de datos.
Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos esperamos que en esta ocasión el Poder Judicial de la Federación también actué conforme al derecho y la justicia y determine la inocencia de Verónica Razo Casales, con base en la verdad y en las más altos estándares convencionales en materia de derechos humanos, sin olvidar que no hay mayor injusticia que mantener a una persona inocente en la cárcel.
Por Natalia Pérez Cordero, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH)
Texto retomado de Animal Político