* El hostigamiento, derivado de su asesoría a indígenas para la defensa del territorio
México, DF, 17 de febrero de 2015. Está en riesgo la integridad del sacerdote jesuita Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A. C. (COSYDDHAC), así como de los integrantes de esa asociación, pues por su asesoría a comunidades de la Sierra Tarahumara son acosados con notas difamatorias en prensa estatal y amenazas de iniciar un proceso penal en su contra, denuncia el organismo de derechos humanos, perteneciente a la Red Nacional de Organismos de la Sociedad Civil Todos los derechos para Todas y Todos (Red TDT).
El hostigamiento, realizado a través de los periódicos El Heraldo de Chihuahua y El Mexicano, comenzó a raíz de la asesoría de la COSYDDHAC a comunidades rarámuri en cuanto a defensa de su territorio ante la instalación de un aeropuerto en la localidad de Creel y la construcción de un gasoducto. Las notas, con “afirmaciones inexactas e incluso acusaciones difamatorias en contra de nuestras organizaciones” y de otras asociaciones como Consultoría Técnica Comunitaria, de acuerdo con la denuncia, fueron publicadas los días 11 de noviembre de 2014 y 27 de enero de 2015.
La posible denuncia, anunciada en los mencionados periódicos, “criminaliza y abre la puerta para que se siga manipulando con falsedades la realidad y se ensucia el trabajo y la lucha honesta que se ha llevado durante muchos años por parte de estas organizaciones y sus miembros”, acusa la COSYDDHAC.
La organización defensora de derechos humanos señaló, en carta pública dirigida al gobernador Horacio Duarte, que el gobierno del estado está obligado a proteger los derechos de las comunidades indígenas, y lamentó que guarde silencio ante los ataques “a pesar de que conocen cuál ha sido la participación de esas organizaciones, siempre dentro de la ley y los derechos de los pueblos afectados”.
La Comisión resaltó que Ávila cuanta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH), por lo que se informará a este organismo internacional de las acciones hostiles que, de acuerdo con la Comisión, ponen en riesgo la vida y la integridad de los asesores de las comunidades. También exigió al gobernador Horacio Duarte que aclare las difamaciones vertidas contra las y los defensores y se retire la denuncia penal en caso de que haya sido interpuesta.
La COSYDDHAC, nacida en 1988, trabaja en defensa de los derechos de las comunidades rarámuri de Chihuahua. El gasoducto El Encino-Topolobampo, ahora suspendido temporalmente, implica tirar 530 kilómetros de tubería de un metro de diámetro a lo largo de profundos barrancos y enormes montañas, desde Sinaloa hasta Chihuahua.