* Organizaciones acusan criminalización contra la tribu e incumplimiento de la consulta por el Acueducto Independencia
México, DF, 12 de febrero de 2015. El gobierno mexicano ha violado “gravemente” los derechos de la tribu yaqui, pues no ha cumplido con realizar una consulta previa, libre, informada y de buena fe sobre la construcción del Acueducto Independencia, informó la Misión Civil de Observación de Consulta a la Tribu Yaqui (MCO).
La coordinación de organizaciones presentó ayer el informe Una sentencia fallida a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que en agosto de 2013 ordenó invalidar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la obra y realizar una consulta a la tribu yaqui como condición para emitir uno nuevo.
El Acueducto Independencia es una obra promovida desde el año 2010 por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías, acusado de construir una presa ilegal en sus terrenos. La intención, declaró entonces el gobernador, era llevar agua de la presa El Novillo hacia la capital sonorense, Hermosillo, para paliar la falta del líquido para consumo humano. En realidad, han denunciado los yaquis, se destinaría a las industrias establecidas en esa ciudad, como cerveceras y ensambladoras de autos.
La tribu yaqui es titular del 50 por ciento de las aguas y escurrimientos del río Yaqui, que alimenta a la presa El Novillo. A pesar de todas las sentencias judiciales en su contra, ganadas tanto por los indígenas como por los grandes agricultores del Valle del Yaqui, el acueducto está en funcionamiento. Tomás Rojo, vocero de los yoreme, denunció durante la presentación del informe de la MCO que las afectaciones a su pueblo ya son irreparables, y demandó que su voz sea escuchada y respetada.
Las organizaciones denuncian en el informe que la consulta previa ha sido violada reiteradamente, primero por la construcción, autorización y operación de una obra sin consulta previa, y luego por permitirse que siguiera operando en la etapa de consulta, a pesar de las evidencias del daño que causa a los derechos colectivos de la tribu. “Ninguna de las dependencias responsables ha tomado la decisión de suspender su operación”, remarcan. La consulta informada continúa violándose, pues a pesar de algunas entregas de información realizadas, el proceso se encuentra suspendido en la etapa informativa debido a la falta de seriedad y respeto mostrada por el gobierno mexicano, que no ha entregado información de calidad, agregaron.
La consulta libre también está siendo gravemente violada, considera la MCO, debido a la campaña de criminalización contra miembros de la tribu que tiene al vocero Mario Luna y a Fernando Jiménez en prisión, además del hostigamiento hacia las autoridades tradicionales. Por esto mismo, consideran las organizaciones, tampoco puede considerarse que el procedimiento se está realizando de buena fe.
El documento también identifica riesgo para la supervivencia cultural de este pueblo milenario, por violaciones a sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. “Las campañas de criminalización y discriminación étnica y las agresiones y amenazas contra integrantes de la tribu atentan contra su derecho a la vida, su integridad personal y su libertad, así como su derecho a la autonomía y a la libre determinación”, abunda el documento. “Por su parte, la operación ilegal del acueducto lesiona sus derechos al agua, salud, alimentación, a su propio desarrollo, al territorio y goce de sus recursos naturales, a su cultura y su ambiente”.
En las conclusiones del informe, se resalta que la continua operación ilegal del acueducto por parte del gobierno mexicano imposibilita que haya condiciones para un diálogo sincero entre el Estado y la tribu.
Las organizaciones civiles recomendaron al Estado garantizar la consulta libre respetando la autonomía de la tribu, dejando en libertad a Mario Luna y Fernando Jiménez y poniendo fin a la criminalización contra los yaquis; garantizar una consulta de buena fe suspendiendo la operación del Acueducto, que ocasiona un daño irreparable a los yaquis y limita un diálogo sincero entre las partes; garantizar una consulta informada, entregando los puntos faltantes solicitados por los yoreme; y garantizar el derecho al consentimiento, respetando la decisión de la tribu y su carácter vinculante.
La MCO advirtió al gobierno que vigilará de cerca el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte.