* En riesgo, las vidas de centenares de personas, especialmente mujeres, niñas y niños.
México, DF, 11 de febrero de 2015. Las y los pobladores de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo; Banavil, municipio de Tenejapa; y San Marcos Avilés, municipio de Chilón, son una muestra de los casos de desplazamiento forzado que aún se vive en Chiapas en el contexto de la estrategia contrainsurgente del Estado, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), quien llama a firmar en apoyo a estos grupos indígenas.
En estos tres casos de desplazamiento forzado interno, “el Estado mexicano no ha respetado los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente los Principios Rectores de los Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones Unidas”, explica el centro de derechos humanos. Las y los desplazados forzadamente no han sido atendidos y la situación de impunidad impide que retornen a sus comunidades manteniendo en riesgo inminente a su seguridad, integridad personal y a su vida, abunda.
Debido a esta situación, el Frayba lanzó la campaña “Rostros del despojo”, que busca visibilizar, denunciar y luchar contra la mercantilización de los territorios y recursos naturales de los pueblos originarios en Chiapas. Para los defensores y defensoras, el saqueo de los recursos “forma parte de la negativa histórica del Estado mexicano al reconocimiento pleno de los derechos colectivos indígenas al provocar y permitir que planes gubernamentales, como el Proyecto Mesoamérica, y de empresas transnacionales impongan proyectos (de infraestructura, agrocombustibles, concesión y extracción minera, entre otros) que atentan contra las culturas milenarias”.
Tres botones de muestra
El 13 de noviembre del 2006, arribaron a la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, cuarenta hombres de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab, armados y acompañados por 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas y cinco fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante regional de la Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. Rodearon a la comunidad, allanaron las casas de los pobladores y robaron sus pertenencias. Como resultados, 36 habitantes huyeron, fueron asesinadas cuatro personas y desaparecidas cuatro más.
El Frayba denuncia que las investigaciones iniciadas por el Estado mexicano han resultado ineficaces para esclarecer estas violaciones a los derechos humanos: “De acuerdo al trabajo de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas los responsables de este crimen fueron las propias víctimas y sus familiares, lo cual dio como resultado que integrantes de la Organización Xinich (a la cual pertenecen las víctimas) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuenten con órdenes de aprehensión”. Sin embargo, contrasta, nunca se ha investigado a las 40 personas, 300 policías y otros funcionarios y servidores públicos involucrados en estos hechos; no se ha determinado los responsables de las ejecuciones extrajudiciales ni el paradero de los desaparecidos, y los desplazados no pueden retornar a su comunidad.
El 4 de diciembre de 2011, en la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agredieron con arma de fuego a familias simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este suceso provocó el desplazamiento forzado de 13 personas y la muerte de Pedro Méndez López, así como lesiones a seis personas más fueron lesionadas. También fue víctima de desaparición forzada Alonso López Luna, y fueron inculpados falsamente como responsables dos personas, incluyendo a un Base de Apoyo del EZLN (BAEZLN).
Hasta la fecha, no se ha castigado a los responsables de estos crímenes y los desplazados “viven en situación de vulnerabilidad en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, sin servicios de salud ni vivienda, sin opciones de trabajo y bajo condiciones no dignas”, informa el Frayba.
En San Marcos Avilés, municipio de Chilón, Chiapas, las BAEZLN acordaron construir en 2010 una escuela autónoma. En septiembre de ese mismo año, las amenazas vertidas por pobladores pertenecientes a partidos políticos eran tan fuertes que obligaron el desplazamiento de la comunidad durante más de un mes para no sufrir agresiones. En octubre pudieron regresar a sus casas, pero desde entonces no han podido trabajar en sus tierras porque “los partidistas les impiden mediante amenazas y hostigamientos trabajar sus tierras”, explica el centro de derechos humanos.
El Frayba otras organizaciones nacionales e internacionales han realizado intervenciones ante los gobiernos estatal y federal para que atiendan la situación de violencia que provocó el desplazamiento forzado, pero “desgraciadamente, al día de hoy no hay ninguna investigación de los hechos por parte de las autoridades correspondientes”, lamentan los defensores. Por ello, se solicitó –al igual que en el caso de Viejo Velasco- la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El centro de derechos humanos registra, desde 1994, alrededor de 12 mil personas que han sufrido desplazamiento forzado, en su mayoría, mujeres, niñas y niños. Dado que la vulneración de derechos humanos continúa, el Frayba llama a las personas solidarias a firmar la exigencia por justicia, verdad y retorno, en la página www.rostros del despojo.org.mx.