* Su caso, muestra de que la tortura es sistemática y generalizada, señalan Amnistía Internacional y el Centro Prodh
México, DF, 10 de febrero de 2015. “Se reconoció que Claudia dijo la verdad”. En la frase de la abogada Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), se resumen los más de dos años que Claudia Medina Tamariz, en conjunto con sus defensores y defensoras, tocó las puertas de la justicia para buscar que reconocieran su inocencia y para pedir castigo a los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que la torturaron.
Aunque el pasado 6 de febrero se desvaneció el cargo de portación de arma exclusiva de las fuerzas armadas, el único que sostenía la Procuraduría General de la República (PGR), pues el magistrado Arturo Gómez Ochoa consideró que la única prueba era ilícita, el camino es largo ya que Claudia buscará que quienes la torturaron sean castigados “para que esto ya no le suceda a más mujeres”, señaló.
Medina Tamariz solicitará la reparación del daño y reactivará la denuncia interpuesta en la PGR contra los marinos. Además, anunció, se dedicará a la defensa de derechos humanos, pues «lo que me sucedió se está generalizando en México».
Claudia, integrante de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la violencia sexual” y parte de los casos emblemáticos retomados por Amnistía Internacional en su campaña «Stop Torture», fue detenida en la ciudad de Veracruz en agosto de 2012 junto con su esposo, Isaías Flores Pineda, por efectivos de la Semar. Después de ser torturada sexualmente para que aceptara inculparse de formar parte del Cartel de Jalisco, le fueron imputados 12 cargos federales, de los cuales finalmente sólo se sostenía el de portación de arma. Estaba enfrentando el proceso en libertad bajo caución.
El magistrado Arturo Gómez Ochoa, titular del Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, resolvió la semana pasada a favor de Claudia el incidente de libertad por desvanecimiento de datos interpuesto por su defensa, que demostró que la única prueba que la mantenía vinculada al cargo era un parte informativo de los marinos “fuertemente relacionado” con la tortura y retención injustificada de la que fue objeto. Se ordenó su inmediata libertad, pero su esposo sigue en prisión.
El Centro Prodh y Amnistía Internacional señalaron que reconocen la importancia de esta decisión en el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia de Claudia Medina, pero precisaron que “estos esfuerzos no son suficientes para combatir la impunidad en la que se encuentran varios casos de tortura y malos tratos en México”.
Mario Patrón, director del Centro Prodh, sostuvo que la resolución del magistrado prueba que en la llamada “Guerra contra el narcotráfico” no hay medidas de control para las fuerzas armadas que la protagonizan, lo que fomenta la impunidad en las violaciones a derechos humanos que cometen.
Olivos Portugal explicó que el magistrado atendió las pruebas de descargo que presentó la defensa, así como los dictámenes periciales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de peritos independientes. La resolución indica que los elementos aportados por la defensa fueron suficientes para desvanecer las pruebas que la señalaban como probable responsable del delito.
“Claudia ha sido un pilar de la campaña Rompiendo el Silencio”, reconoció Bárbara Italia Méndez, sobreviviente también de tortura sexual en San Salvador Atenco. La activista reconoció el importante papel de la solidaridad y el apoyo mutuo en estos casos, y sostuvo que la liberación de Claudia es un “momento de esperanza”. Medina Tamariz sostuvo que quiere ser un ejemplo para las mujeres víctimas de tortura sexual que temen enfrentarse al Estado.
“Con frecuencia agentes policiales y militares recurren a la tortura y los malos tratos con el objetivo de obtener testimonios de personas sospechosas o detenidas arbitrariamente y así sustentar acusaciones criminales. En este contexto, el caso de Medina Tamariz evidencia estos patrones estructurales de actuación de las autoridades en la fabricación de presuntos responsables, al margen de la política de seguridad de los últimos años. Por lo anterior, las organizaciones exigimos al gobierno se asegure que ninguna investigación judicial contenga confesiones o testimonios obtenidos a través de tortura u otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo la Procuraduría General de la República (PGR) realice de inmediato una investigación exhaustiva e imparcialmente a quienes perpetraron estos actos contra Claudia Medina”, reclamaron el Centro Prodh y Amnistía Internacional. Las organizaciones expusieron que están a la espera de que la CNDH emita la recomendación correspondiente «con perspectiva de género» por la tortura sexual, pues hace más de un año que ya cuenta con los elementos necesarios para hacerlo.