Barra de Opinión – Lic. Leopoldo Maldonado sobre Caso Jacinta from Centro Prodh on Vimeo.
México D.F., 23 de diciembre de 2009 (Cencos).- La falta de acceso a la justicia es una de las afectaciones más claras a los grupos vulnerables así como la criminalización de la protesta social, los cuales son dos variantes que han marcado hondamente el contexto nacional en 2009. Diversos casos dan cuerpo a éstas formas de violación de derechos humanos, por parte del Estado mexicano pero las injusticias cometidas contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, son sin duda paradigma de ambos.
Las tres mujeres ñhä-ñhú (otomíes) de 46, 30 y 25 años respectivamente, fueron acusadas de secuestro, por la supuesta retención de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando estos llegaron sin identificarse a un mercado en la comunidad de Mexquititlan, Querétaro para decomisar ilegalmente la mercancía.
Todo sucedió cuando los agentes fracasaron en el decomiso y fueron rodeados por locatarios del mercado y uno de ellos fue retenido en espera de que el resto de los elementos pidieran autorización a su superior para pagar los destrozos que ocasionaron al ingresar al mercado, según les exigieron los comerciantes; así se hizo y el incidente concluyó, hasta que semanas después la PGR acusó de secuestro a las tres comerciantes.
Teresa y Alberta fueron quienes en un primer momento pidieron a los agentes de la AFI que se identificaran, mientras que Jacinta apareció en una fotografía de un diario local que reportó los hechos, mismo que se utilizó como prueba para acusarla.
Este caso ha sido fundamental para visibilizar el camino plagado de injusticias y contrariedades que recorren los grupos vulnerables cuando son criminalizados por ejercer su derecho a la protesta, “es una de las más grandes aberraciones que hemos escuchado en la experiencia del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero que sin embargo se sigue dando en el país y en muy grandes porcentajes”, explica Andrés Díaz, abogado encargado de su caso por parte del Centro ProDH.
El derecho al debido proceso, el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, el derecho a la integridad personal por los daños morales ocasionados, y sus derechos lingüísticos son algunos de los derechos violentados como resultado de la actuación desmedida del Estado. Ellas fueron “detenidas bajo engaños, acusadas con pruebas falsas de delitos que no hicieron, “tenemos un sistema de procuración de justicia (la PGR) que no investiga los delitos de manera honesta y de buena fe y un sistema judicial que no responde a los derechos humanos, es un sistema que avala y solapa todos estos abusos de autoridad” dice Díaz.
Aunque en un primer momento el caso de Jacinta Francisco Marcial se visibilizó en los medios de comunicación a tal grado que la opinión pública presionó y la defensa logró su liberación el 3 de septiembre de 2009 (cuando la PGR presentó conclusiones no acusatorias), la justicia no ha llegado para Teresa y Alberta.
“En el proceso penal instaurado por los hechos del día 26 de marzo de 2006, todavía siguen en prisión Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio por el delito de la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro contra servidores públicos federales. Ellas acaban de recibir la notificación de la formulación de las conclusiones acusatorias, es decir, que el Ministerio Público tras analizar todo el expediente pide formular conclusiones acusatorias con una pena de más de 40 años de prisión para ambas”, dice el abogado del Centro ProDH, y se espera que sus casos se definan entre enero y febrero de 2010.
La disparidad en las conclusiones (no acusatorias para Jacinta y acusatorias para Teresa y Alberta), es otra muestra de que la procuraduría no es congruente con sus propios procedimientos. “Con Alberta y Teresa la PGR ya había venido manteniendo la tesis de que ellas sí habían cometido el delito de secuestro. Nosotros sabemos que esto corresponde a una actitud de no respetar los derechos humanos, de seguir vulnerando y discriminando a las mujeres que en su condición de pobreza y de pertenencia a un pueblo originario y que tiene en contra al sistema de justicia, eso es muy grave porque la PGR sabiendo que son inocentes y que no hubo secuestro trata de seguir avalando la actuación de sus funcionarios”, dice Andrés.
Después de que el 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la parte acusatoria (PGR) pidió la condena a 40 años a las dos indígenas ñhä-ñhú, ahora la defensa rendirá sus conclusiones de inculpabilidad para luego esperar la sentencia del Juez Cuarto de Distrito de Querétaro.
Para 2010 se espera que Teresa y Alberta sean absueltas por el Juez Rodolfo Pedraza Longi, aunque dicha posibilidad está en juego ya que en una ocasión anterior él mismo ya les había dictado a las tres sentencias acusatorias (que luego fueron revocadas). Jacinta, luego de más de tres años de cárcel y ahora en libertad continúa apoyando a sus compañeras que el próximo tres de enero cumplirán tres años y cinco meses de reclusión en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro.
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(Este texto fue publicado originalmente el 23 de diciembre de 2009 por Cencos)