*Por segunda ocasión, el Poder Judicial de la Federación dictamina que las restricciones a la manifestación social violan derechos humanos.
México, DF, 22 de enero de 2015. Juzgados Federales reafirmaron que la Ley de Movilidad del Distrito Federal –que establece obligación del aviso previo a las autoridades y prohibición del uso de vías primarias para la realización de manifestaciones- es anticonstitucional, pues viola los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en su modalidad de manifestaciones públicas, informa el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
La Ley de Movilidad fue aprobada por el Gobierno del Distrito Federal el 30 de abril de 2014. En noviembre del mismo año, dos juezas federales resolvieron tres amparos en su contra, y señalaron que las disposiciones generaban un efecto inhibidor en el ejercicio del derecho a la protesta social. En esta ocasión, los juzgados Tercero y Decimocuarto en materia Administrativa resolvieron en el mismo sentido a favor de un grupo de integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT), así como a favor de la organización ARTICLE 19 y de académicos como Aleida Hernández, José Luis Caballero Ochoa y Morna Macleod Howland.
La Ley de Movilidad, de acuerdo con la sentencia de los juzgadores, restringe de forma “ilegítima” el ejercicio de la protesta pública al establecer la obligación de dar un aviso previo para realizarla. Califica de inconstitucional el hecho de que las autoridades pretendan negar la licitud que de origen tienen todas las manifestaciones, y el que se prohíba manifestarse en vías primarias, pues limitar la protesta social al uso de vías secundarias “resta la posibilidad de liberar la tensión social”.
En los amparos, los juzgadores resaltaron la importancia que tiene la libertad de expresión para cualquier democracia. La decisión del Poder Judicial de la Federación se da en un contexto de criminalización de la protesta y hartazgo social, “en donde el respeto y garantía de los derechos humanos por parte del Estado es una excepción y no la regla”, resalta el Frente.
En marzo de 2014, el Frente por la Libertad de Expresión publicó un informe donde advirtió de la existencia de 20 iniciativas –tanto a nivel federal como local- tendientes a restringir el derecho a la manifestación. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) advirtió entonces que la proliferación de este tipo de leyes no era una coincidencia, sino parte de una tendencia nacional.
El Frente valora que los criterios de los jueces se encuentran acordes con los estándares internacionales más protectores en materia de libertad de expresión.
En este contexto, la coalición de organizaciones de derechos humanos condena en su comunicado las detenciones ilegales y arbitrarias en contra de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ocurridas el 19 de enero en el marco de la visita de Enrique Peña Nieto; también exige que las autoridades otorguen todas las garantías a la realización de las manifestaciones del 26 de enero, cuando se cumplirán cuatro meses de la desaparición forzada y ejecución de normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía municipal de Iguala, Guerrero.
El Frente está conformado por las organizaciones Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”.