* Las acusaciones públicas contra la coordinadora comunitaria sirven a los intereses del exgobernador Ángel Aguirre, sostienen familiares.
México, DF, 20 de enero de 2015. Las “injurias” lanzadas por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí contra Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá presa desde hace un año y medio, retrasan la excarcelación de la activista guerrerense, denunciaron familiares e integrantes de la PC.
Cleotilde Salgado, hermana de la activista, el acompañante Cuauhtémoc Ruiz y policías comunitarios denunciaron, en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), que la campaña emprendida por Miranda y Martí, dirigentes de Alto al Secuestro y México SOS, respectivamente– es útil a los intereses del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre, quien protagonizó diversos enfrentamientos con la CRAC durante su mandato.
Nestora Salgado, como autoridad de la policía de Olinalá –que pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC)- ordenó el 16 de agosto del 2013, la detención del síndico Armando Patrón Jiménez, acusado de abigeato y de presunta participación en el asesinato de dos ganaderos. El funcionario fue trasladado a la Casa de Justicia regional para ser procesado por el sistema comunitario, reconocido por las leyes estatales. La detención provocó que personas cercanas a él acusaran a Salgado de secuestro. Cinco días después, miembros del ejército ingresaron a la comunidad, detuvieron a la coordinadora y la entregaron a la Marina, que la trasladó al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.
Los familiares y acompañantes desmintieron que la coordinadora comunitaria sea una delincuente, pues ha sido acusada de secuestradora y cómplice de violación por Martí y Wallace. Cleotilde Salgado acusó que el gobierno estatal no ha cumplido su palabra de desistirse de las acusaciones contra Nestora, a pesar de que fue exonerada por un juez federal en marzo de 2014.
En días anteriores, Saira Rodríguez, hija de Nestora Salgado, recibió amenazas telefónicas por la posible libertad de su madre. Sin embargo, se aclaró en la conferencia de prensa, no hay ningún documento oficial que avale las declaraciones del gobernador interino, Rogelio Ortega, en el sentido de que liberará a la activista comunitaria.
Francisco Flores Jiménez, joven que estuvo en proceso de reeducación en la Casa de Justicia de Olinalá, sostuvo que quienes ahí permanecen reciben buen trato por parte de los integrantes de la PC, y declaró que las dos jóvenes que acusan a la coordinadora comunitaria de secuestro ingresaron a Casa con la anuencia de sus familias para realizar trabajo comunitario dentro del proceso de justicia indígena. Los integrantes de la Policía Comunitaria informaron que nunca se pide dinero a cambio de la libertad de un detenido.