*La intervención del Ministerio Público Federal demuestra la connivencia entre la federación y el Gobierno del Distrito Federal , denuncian abogados.
México, Distrito Federal, 19 de enero de 2015. El recurso de revisión interpuesto por autoridades federales contra la resolución del amparo 586/14, que anula el auto de formal prisión contra los cinco habitantes de San Bartolo Ameyalco detenidos el 21 de mayo de 2014, es una muestra de la connivencia entre autoridades federales y locales para intimidar a los movimientos sociales, acusó el abogado Sergio Soto, defensor de los hombres acusados de ataques a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad y, en el caso de otro más, lesiones contra agentes de la autoridad.
La Federación, insistieron en conferencia de prensa Sergio Soto e Irma Lara, defensores de los presos, no tendría por qué intervenir en un asunto eminentemente local. El 21 de mayo de 2013, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) lanzó un operativo de cerca de mil 700 elementos en San Bartolo Ameyalco (ubicado en la delegación Álvaro Obregón, al poniente de la capital del país) para desalojar a los pobladores que se oponen a que el agua de su manantial se destine al servicio de los corporativos ubicados en Santa Fe. La policía detuvo a cinco personas, entre ellas a Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez Linares y Eduardo Nava Mejía; seis meses después, la defensa obtuvo un amparo del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que señaló que el auto de formal prisión no estuvo debidamente fundado.
El 18 de diciembre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) –a través del Ministerio Público Federal- interpuso un recurso jurídico contra el amparo, lo que impidió la inmediata libertad de los habitantes de Ameyalco. Soto acusó que los alegatos de las autoridades no tienen fondo, por lo que se trata de una estrategia para alargar el proceso penal. Agregó que autoridades de la delegación incumplieron acuerdos con los habitantes, encaminados a lograr la libertad de los presos, y consideró que si hubiera voluntad política, el gobierno local se desistiría de la acción penal contra los habitantes “detenidos arbitrariamente”.
En un boletín de prensa leído por familiares y organizaciones de derechos humanos, estos se pronunciaron contra la decisión del gobierno federal “de intervenir y sumarse a política de represión de GDF contra sus habitantes”. Señalaron que “solicitamos respetuosa pero enérgicamente a la juez que conforme al amparo ganado conceda libertad absoluta e incondicional” a los presos, y anunciaron que iniciarán una campaña nacional e internacional de recolección de firmas por la libertad de sus “presos políticos”.
La madre de Alberto Miguel Pérez, padre de tres niñas, señaló que el hombre de 38 años le hace falta a su familia, e insistió en que se trata de un trabajador sin vicios por el que incluso intervino la constructora en que trabaja. Luis Ángel Redonda, cuñado de Eduardo Nava Mejía, anunció que redoblarán la lucha por la libertad de sus seres queridos.
Familiares de los detenidos acusaron que durante el operativo hubo uso desproporcionado de la fuerza, tratos crueles humillantes o degradantes, golpes y lesiones en contra de cientos de pobladores, así como la detención arbitraria de las cinco personas, y señalaron que los verdaderos responsables de la violencia en su pueblo son las autoridades que ordenaron la obra y el operativo.
La obra hidráulica comenzó a inicios de 2014, pero se detuvo en febrero de ese año por la oposición vecinal. En diciembre de 2014 se reiniciaron los trabajos.