*Opinión | Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Ante la estrategia fallida de la Procuraduría General de la República (PGR) de presentar como única línea de investigación el traslado, los asesinatos y la posterior incineración de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, las autoridades federales emprendieron una campaña de descrédito contra los mismos estudiantes, sus representantes legales, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y los liderazgos más visibles que han emergido en torno a la recién constituida Asamblea Nacional Popular (ANP).
A pesar de que los padres y madres de familia solicitaron al Procurador Murillo Karam que no informara a los medios de comunicación esta versión preliminar, en razón de que había muchas inconsistencias e interrogantes sobre la descripción de los hechos realizada por tres de los presuntos autores materiales, el Procurador se empecinó en su postura de hacerlo público, argumentando que “la sociedad tiene derecho a saber”. Esa tarde del viernes 7 de noviembre, cuando los padres y madres de familia vieron las imágenes que se divulgaron en la televisión sobre los hechos acaecidos en el basurero de Cocula, y escucharon las declaraciones de los detenidos, comprendieron que al procurador no le interesaba tanto informar con objetividad y mayor veracidad sobre el paradero de sus hijos, sino ventilar a los medios esta línea de investigación, para posicionarla como la verdad oficial y así generar un ambiente propicio que le permitiera cerrar el caso, aquietar las aguas de la indignación social y ganar terreno ante la opinión pública nacional e internacional.
Este golpe mediático tuvo un efecto adverso, porque desencadenó una mayor movilizaciónde la sociedad y profundizó la animadversión hacia el ejecutivo federal. Ante el boomerang político que ha causado un gran descalabro a la administración peñanietista, los operadores del primer círculo presidencial pusieron en marcha una estrategia de contención para el control de daños.
A nivel internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instruyó a su personal para que se dedicara a informar a sus contrapartes sobre todas las acciones realizadas por el gobierno federal en favor de las familias, resaltando la gran calidad humana del Ejecutivo, por el hecho dehaberse reunido con los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos en la residencia oficial de Los Pinos. A nivel nacional, echaron a andar la maquinaria represiva de los tiempos aciagos, con acciones truculentas que son propias de un régimen autoritario que ahora, con el retorno del PRI, ha vuelto por sus fueros.
Ver en el movimiento por los 43 estudiantes desaparecidos la presencia embozada de grupos guerrilleros; la infiltración de organizaciones radicales con una agenda ajena a la lucha por la presentación de los normalistas.
La participación de personajes de las organizaciones sociales que están fichados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como miembros sospechosos, y cuyos intereses son tenebrosos y mercantilistas, así como catalogar a las y los defensores de derechos humanos como instigadores y gente peligrosa que pone en riesgo la gobernabilidad, y que busca manipular a los familiares para lucrar con su lucha, representan en este coyuntura política una señal funesta, porque quieren reeditar las prácticas más nefastas que utilizaron los grupos políticos recalcitrantes con el apoyo del Ejército, para acabar con cualquier indicio de organización independiente que pugna por un cambio en las estructuras del poder.
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dio la clave para emprender esta arremetida contra el movimiento de protesta generado en torno a los 43, al afirmar que había grupos interesados en desestabilizar su proyecto de país. Descalificar a los actores sociales como parte central de los agentes del cambio y tildarlos como desestabilizadores de un régimen casi sagrado es asumir la postura imperial del presidencialismo que no tolera cuestionamientos ni increpaciones por parte de una sociedad sumamente agraviada.
La postura oficial es separar la lucha legítima de los padres y madres de familia que exigen la presentación de sus hijos con vida, para aislarlos y quitarles toda la fuerza explosiva que tiene su movimiento. De manera perversa han querido cooptarlos, ofreciéndoles dinero, becas, casas y varios apoyos. Los visitan en sus domicilios para tener mayores posibilidades de que los padres o sus familiares puedan aceptar sus ofertas, y dar cabida para que la autoridad redireccione la ruta que siguen todos los padres en su exigencia básica de encontrar a sus hijos vivos.
El gobierno federal quiere desacreditar y diseccionar al movimiento de solidaridad y de protesta que nació de la indignación de los estudiantes y de los padres de los 43 alumnos desparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Este movimiento ha protagonizado acciones de fuerza para evidenciar la corrupción en que se encuentra sumida la clase gobernante; para arremeter contra las instituciones que causan mayores daños a la población pobre que solicita sus servicios; para ya no permitir que las acciones delincuenciales de los gobernantes queden en la impunidad y para acabar con la decrepitud de un sistema político caciquil que ha incorporado al crimen organizado dentro de sus estructuras como la forma más efectiva para someter a la sociedad y a los adversarios de la delincuencia organizada.
Una forma burda de contención social es arremeter contra la población que protesta; detener a gente inocente para generar miedo e inhibir la participación de las ciudadanas y los ciudadanos de a pie. Enviar a penales de alta seguridad a los detenidos, como sucedió el 20 de noviembre, para exhibirlos como personajes sumamente peligrosos, y al mismo tiempo aprovechar el viaje para darles un escarmiento. En la medida que escala el conflicto y se extiende a vastos sectores de la población, aumenta el nivel de beligerancia de las autoridades. Se amenaza desde las más altas esferas del poder expresando que se utilizará la fuerza policial para desalojar a quienes se atrevan a bloquear carreteras. El poder Legislativo se hizo eco de esta ruda posición del Ejecutivo al aprobar a principios de diciembre una reforma legislativa a los artículos 11 y 73, que tratarán de impedir la libre manifestación y criminalizarán con mayor rigor la protesta social. Este retroceso en las conquistas por las libertades fundamentales es para impedir que proliferen las protestas y que las calles dejen de ser los lugares por excelencia donde la población marginada y excluida se congrega para manifestar libremente su inconformidad.
Aunado a esta postura retrógrada, el Cisen se ha encargado de filtrar información a medios ávidos de divulgar datos confidenciales de personas que, por su posición crítica ante las acciones del gobierno son vilipendiadas públicamente mediante la difusión de información falsa sobre sus personas con el fin de denigrar sus amplias trayectorias como defensores de derechos humanos. Se ha puesto en la mirilla y contra el paredón a luchadores sociales que, de manera legítima, promueven y defienden los derechos de la población que ha sufrido graves atropellos, como es el caso de los 43 padres y madres de familia. En este ambiente de animadversión y de amenazas veladas, se sumó el secretario de la Marina, el almirante Vidal Francisco Salmerón, quien lamentó que “grupos y personas manipulen a los padres de los normalistas de Ayotzinapa y que lucren con su dolor, para alcanzar objetivos individuales y de grupo”. Su enojo es porque no se acepta a pie juntillas la versión de la PGR sobre la muerte y calcinación de los 43 estudiantes desaparecidos en el basurero de Cocula. Este cuestionamiento lo lleva a descalificar públicamente a quienes defienden los derechos humanos de las víctimas de desapariciones y se coloca enfrente para desafiar a quienes se niegan a aceptar la versión oficial.
La madrugada de este 14 de diciembre sucedió lo que ya se preveía, que los policías federales enviados expresamente a reprimir a los manifestantes que han hecho causa común con los padres y madres de los 43 desaparecidos aprovecharon el momento más oportuno para desatar su furia y arremeter contra los estudiantes de Ayotzinapa y los mismos padres de familia.
En lugar de que los mandos superiores pararan esa agresión, dieron órdenes para que llegaran más policías, mejor pertrechados para tundir con mayor fiereza a los jóvenes y a los papás de los estudiantes desaparecidos que ahí estaban para apoyar en los preparativos de un concierto en solidaridad con su lucha.
Una luz en la oscuridad era el nombre de este acto musical, que devino en una barbarie con la agresión de las fuerzas de la policía federal, mismas que fueron responsables de los asesinatos de los normalistas Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría el 12 de diciembre de 2011. En lugar de castigar a los perpetradores de estos crímenes, los protegen y además los reasignan para que vuelvan a cometer tropelías, porque está probado que estos gobiernos corruptos e impunes encubren y premian a quienes usan las armas contra la población que alza la voz y desafía al poder.
Los hechos de este domingo muestran cómo el gobierno federal, en lugar de asignar mayor número de policías, militares y marinos para impulsar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, como lo demandaron ante el presidente Peña Nieto los padres y madres de familia, las autoridades prefieren acuartelarlos en los hoteles, para dar el zarpazo contra los estudiantes y maestros que protestan, porque lo que se busca es proteger los intereses económicos de la clase política por encima de los 43 estudiantes desaparecidos y de todo el movimiento social que se une a esta causa y que clama por verdad y justicia.
*Este artículo fue publicado originalmente en la página del CDHM Tlachinollan