*Padres y madres exigieron un alto a los actos intimidatorios, represivos y que criminalizan a quienes se solidarizan con ellos
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 16 de diciembre. Tras los recientes actos de intimidación, represión, descalificación y criminalización por parte del Estado en contra de las familias y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como de las organizaciones que acompañan el caso y de quienes se han solidarizado con su lucha, Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres reiteró que su movimiento, hasta el día de hoy, es pacífico y representa la unión del pueblo.
En conferencia de prensa, las familias de los jóvenes víctimas de desaparición forzada, demandaron respeto por las organizaciones y sociedad solidaria que les acompañan; y precisaron que nadie los está manipulando, tal como lo aseguró la semana pasada el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sánz; “nosotros nunca hemos lastimado a nadie, nuestras marchas siempre han sido pacíficas, nosotros no queremos violencia, lo único que nosotros queremos y exigimos es tener a nuestros hijos en nuestros brazos”, advirtieron.
Ante dicho “clima de endurecimiento del Estado”, Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, llamó a reivindicar el carácter pacífico y legítimo del movimiento de los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos; y aseguró que “manchar el movimiento de los padres tachándolos de violentos, imputándoles la responsabilidad de todo cuanto ocurre alrededor de la demanda de justicia por este caso, es simplemente no entender su dignidad como movimiento y como víctimas”.
El abogado resaltó además que si la pretensión del gobierno federal es que las familias de los normalistas dejen de movilizarse “bajo la idea de que el caso está cerrado”, tras la identificación del estudiante Alexander Mora Venancio, el subdirector del Centro Prodh señaló que el caso Ayotzinapa aún está abierto, pues si bien, existe “la identificación contundente de un muchacho, igual de contundente es que faltan 42 estudiantes, sobre los cuales su paradero no se ha establecido científicamente”, dijo.
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, defensor de las familias de los normalistas y colaborador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció una serie de hechos represivos que han estado girando alrededor de los padres de familia, de los estudiantes y de las organizaciones solidarias, los cuales iniciaron desde el momento de la desaparición forzada de los jóvenes, cuando las autoridades pretendieron vincular a los estudiantes con un grupo delictivo. Posteriormente, la persecución se extendió a las personas que se han solidarizado con las familias de Ayotzinapa, derivando en diversas detenciones arbitrarias en manifestaciones que exigían la presentación con vida de los estudiantes.
El tercer acto represivo, señaló Rosales Sierra, vino con el fichaje del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de los abogados y organizaciones más cercanas al caso Ayotzinapa. A dicha descalificación se agregaron los posicionamientos de los titulares de la Semar y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en temas políticos que nos les corresponden. Finalmente, la provocación del Estado continuó con los ataques por parte de elementos de la policía federal en estado de ebriedad, el pasado domingo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
En este sentido, Felipe de la Cruz añadió que, a pesar de las amenazas, la violencia y de que Enrique Peña Nieto insista en llamar “desestabilización” a su acto de justicia, “queremos repetirlo muchas veces: Nosotros ya no le tenemos miedo a la presión, el miedo ya se lo llevaron, y nos dejaron el coraje, la rabia y la energía para seguir buscando a los jóvenes. La exigencia es de respeto a las vidas e integridad física de los estudiantes, de las organizaciones sociales y de nosotros como padres de familia”, y agregó que no se detendrán, pues están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias “y eso que le quede bien claro al gobierno federal”, dijo.
Finalmente, tanto familiares como compañeros de los normalistas desaparecidos concluyeron que, posiblemente, el objetivo del gobierno federal no sea encontrar a los estudiantes, “pero sí le vemos el gran interés de desarticular un movimiento totalmente social y legítimo que lo único que pide es la aparición con vida de nuestros compañeros, y, en su momento, justicia y averiguaciones por los hechos del 26 y 27 de septiembre”. Asimismo, señalaron que, de presentarse algún nuevo ataque o acto represivo, el gobierno federal será responsable de ello.