En días pasados, se publicó en Reporte Índigo que el CISEN, considera que el abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, y el antropólogo defensor de derechos humanos, Abel Barrera, “forman parte de los elementos considerados peligrosos para la gobernabilidad”. Ambos son integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Entre las actividades que realiza el peligroso abogado Rosales, se menciona que asesora a indígenas defraudados por instituciones bancarias, que apoyó a los damnificados por la tormenta Manuel, y que ha acudido a instancias internacionales de derechos humanos, por ejemplo, para denunciar el caso de dos mujeres indígenas que fueron violadas por elementos del ejército mexicano. La Tlacuila/Animal Político