*De acuerdo con Reporte Índigo, el Cisen «fichó» al abogado Vidulfo Rosales y al director Abel Barrera; OSC exigen esclarecer la información
México, DF, 8 de diciembre. Organizaciones civiles lamentaron que el gobierno federal, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), investigue y busque descalificar el trabajo de los defensores Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan “tildándolos de ‘peligrosos para la gobernabilidad’”.
Lo anterior luego de una publicación del diario Reporte Índigo, titulada “Ficha Cisen a abogado de normalistas”, en la que se dice que el Cisen “encontró un entramado en el que se exhibe la relación entre activistas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con cabecillas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias”.
La nota menciona que el Cisen califica como “radical” a Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por policías de Iguala, y lo señala como “muestra del engranaje entre activismo a favor de los derechos humanos y la subversión”, razón por la que las organizaciones emitieron un comunicado en el que reprobaron el intento del gobierno federal “para desacreditar y hostigar el trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias”.
“La reconocida trayectoria de Vidulfo Rosales como abogado y de Abel Barrera como director, en la defensa de los derechos humanos, ha sido fundamental en la región para oponerse a la impunidad y el abuso de poder desde hace años”, por ello, la sociedad civil organizada exigió esclarecer la información dada a conocer “y que brinde garantías para que quienes integran Tlachinollan puedan ejercer con absoluta seguridad y libertad el derecho a defender los derechos humanos”.
Asimismo, las organizaciones firmantes lamentaron que los recursos públicos se utilicen para debilitar al movimiento de derechos humanos, “en lugar de utilizar las capacidades de inteligencia para combatir la infiltración y corrupción de los narcogobiernos y lograr que las graves violaciones a derechos humanos no queden en la impunidad”.
Cabe recordar que no es la primera vez que las autoridades ponen en riesgo a los defensores de derechos humanos del estado de Guerrero y tratan de descalificar la labor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, pues hace apenas un mes, Rogelio Ortega, gobernador interino, realizó declaraciones con el fin de descalificar y difamar a la organización.
Las organizaciones que se solidarizaron con el defensor son Article 19; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh); Asociadas por lo Justo (Jass); Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm); Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP; Centro de Derechos Humanos Fray Juan Gerardi; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
Así como el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); La 72, Hogar refugio para personas migrantes; y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
14/OVH