*Abogados denunciaron que las detenciones forman parte de una estrategia para inhibir las protestas por los 43 normalistas
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 30 de noviembre. A un día de su liberación, las 11 personas detenidas arbitrariamente el pasado 20 de noviembre, al finalizar la marcha realizada en esta ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 27 de septiembre, denunciaron los malos tratos, tanto físicos como psicológicos que recibieron en el momento de su detención, durante su estancia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO) y también en los penales de máxima seguridad a los que fueron trasladados.
Isaac Domínguez, Atzin Andrade, Juan Daniel López, Laurence Maxwell (chileno), Luis Carlos Pichardo, Francisco García, Hillary González, Liliana Garduño, Hugo Bautista, Tania Damián y Roberto Jasso del Ángel fueron liberados el día de ayer tras permanecer presos una semana en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) número 4 de Tepic, Nayarit, y el 5, en Villa Aldama, Veracruz, ya que no encontraron pruebas que las y los vincularan con los delitos que les imputaban: tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
Es en este sentido, las y los defensores, integrantes de organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), entre otras, denunciaron que los hechos no son más que “un montaje de mal gusto y autoritario” por parte del gobierno para infundir el miedo entre las y los jóvenes y así evitar que sigan saliendo a las calles para exigir justicia y la presentación con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
Todas las detenciones ocurrieron en el Zócalo capitalino por parte del cuerpo de granaderos, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF); las y los recién liberados relataron que lejos de una maniobra de contención, lo que los agentes hicieron fue cercar la plaza y a las personas que estaban en ella, para posteriormente lanzar gas, el cual, señaló en conferencia de prensa Hillary González, “no era lacrimógeno, sino de extintor”, lo que desató el pánico entre quienes se encontraban ahí, provocando que corrieran para tratar de salir.
Fue en ese momento cuando los granaderos comenzaron a detener arbitrariamente a las personas, con uso excesivo de la fuerza, ya que las y los jóvenes señalaron que fueron “golpeados, pateados y jaloneados” para posteriormente ser llevados a las calles aledañas a Palacio Nacional, o a su interior para ser “entregado a los militares”, como ocurrió en el caso de Isaac Domínguez y Atzin Andrade, a quienes los efectivos del Ejército amedrentaron diciéndoles que era su último día de vida.
Las y los detenidos arbitrariamente coincidieron en que en ningún momento se les dijo por qué estaban siendo detenidos, qué cargos se les imputaban ni a dónde los llevaban, por lo que temieron ser desaparecidos por los granaderos y por las y los agentes de la Policía Federal que también participaron en el “operativo”; en conferencia, Luis Carlos Pichardo, trabajador de la cultura, quien también fue detenido, señaló que ante ese miedo comenzó a gritarle su nombre a varios periodistas que documentaron el momento en que se lo llevaban.
Las y los defensores de las 11 personas detenidas, señalaron que en las instalaciones de la SEIDO, las y los detenidos fueron víctimas de más malos tratos, humillaciones y amenazas por parte de los funcionarios que los custodiaron, por lo que solicitaron la aplicación del Protocolo de Estambul para todas y todos; además, las y los 11 estuvieron incomunicados por casi un día, no les permitieron tener contacto con sus abogados y sus familiares, además de que pusieron “muchas trabas” para que pudieran acreditarse como sus defensores.
Asimismo, aseguraron que a las y los 11 les obligaron a entregar sus cosas, las cuales fueron revisadas sin órdenes judiciales; a algunos los hicieron firmar documentos, les tomaron datos, fotografías y les practicaron distintas pruebas periciales; también fueron humillados, incluso se burlaron de ellas y ellos por su apariencia, “nos trataron como si fuéramos los peores criminales”, agregó Hugo Bautista, quien también fue detenido y trasladado al Cefereso 5 de Veracruz.
Las y los recién liberados también señalaron que en ningún momento se les informó que iban a ser consignados a penales de máxima seguridad ni que se dirigían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Tania Damián relató que cuando se dirigían a la terminal aérea “pensé que nos iban a matar, que ya no íbamos a aparecer, que iban a ir a dejar nuestros cuerpos a otros estados”, dijo la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Finalmente, las y los jóvenes recién absueltos exigieron al gobierno federal así como a los titulares de las procuradurías de justicia, se pronuncien al respecto y garanticen la seguridad tanto personal como de sus familias; y aseguraron que seguirán manifestándose, pues, además de ser su derecho, mencionaron que se reforzó el compromiso con la lucha del pueblo mexicano, gracias a todas las muestras de solidaridad que tuvieron por parte de la sociedad.