*Fueron atacados cuando regresaban de alimentar a migrantes; OSC exigieron investigaciones y el cese a las agresiones contra activistas
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 26 de septiembre. Organizaciones civiles y defensores de derechos de migrantes condenaron el asesinato de Adrián y Wilson, voluntarios que brindaban alimento y asistencia humanitaria a las personas que transitan por el corredor migratorio Lechería-Huehuetoca-Tequixquiac-Apazco-Bojay, en el Estado de México, ocurrido el pasado domingo 23 de noviembre, cuando regresaban de las vías por donde pasa el tren de carga llamado “La Bestia”.
Andrea González, compañera de los defensores e integrante del Colectivo “Ustedes Somos Nosotros”, denunció que ambos activistas fueron asesinados a quemarropa por dos o tres personas. Adrián perdió la vida en el momento y Wilson, hondureño que hace tres semanas obtuvo visa humanitaria por haber sido testigo de un crimen, falleció en la madrugada del día siguiente, a pesar de que la ambulancia llegó a tiempo para atenderlo.
La activista precisó que la escena del crimen no fue acordonada por autoridades de Cuautitlán, y que, hasta el momento, tampoco cuentan con línea de investigación, pues según ellos, “no sabían que la zona era insegura”; “por el camino del migrante hay personas solidarias (…) pero también hay bandas del crimen organizado, coludidas con las autoridades, bien estructuradas, que cuentan con halcones que van vigilando el camino, que van viendo a quien pueden asaltar, secuestrar, amenazar”, dijo.
En este sentido, Rodolfo Córdova, presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) lamentó la desatención que del gobierno ante las agresiones en contra de defensores, periodistas, organizaciones, estudiantes y sociedad en general: “Hoy nos siguen faltando 43, nos siguen faltando 26 mil y nos faltan Adrián y Wilson (…) Mataron a dos personas que acababan de regresar de darle de comer a migrantes”, dijo.
El también investigador aseguró que en nuestro país, ser defensor es sinónimo de tener, por lo menos, una amenaza, pues “las prioridades del Estado no están donde deben estar”; por lo que hizo un llamado al gobierno: “¿Qué tiene que pasar para que las autoridades lo tomen un poquito en serio? ¿Cuántos más tienen que morir?”, preguntó Córdova.
Por ello, el abogado del Centro Prodh, Luis Tapia Olivares, exigió justicia por el asesinato de los dos activistas, ya que es obligación del Estado realizar las investigaciones correspondientes para que el caso, como otros tantos “en los que ha hecho oídos sordos”, no quede en la impunidad, pues ésta “es un campo fértil para que se sigan cometiendo delitos contra defensores, migrantes, periodistas, estudiantes…”, señaló el defensor.
Cabe recordar que no es la primera vez que se presentan agresiones en contra de las personas que brindan asistencia a quienes transitan el corredor migratorio: La criminalización de las y los defensores se remite a hace cuatro años, cuando debido a amenazas y hostigamiento por parte de bandas criminales, autoridades e incluso de habitantes, tuvieron que cerrarse los albergues y comedores que se encontraban en los municipios de Ecatepec, Huehuetoca y Tultitlán, en el Estado de México, además de que, por seguridad, las y los voluntarios de diversos colectivos han tenido que “bajar el perfil” de sus actividades humanitarias.