*Pidieron a los tres niveles de gobierno establecer mecanismos claros de participación ciudadana y de toma de decisiones
México, DF, 13 de noviembre. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder); y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (Código DH), quienes participaron en la fase de “Acuerdos Previos” del proceso de consulta para la implementación de un proyecto eólico en Juchitán, Oaxaca, señalaron que no se ha respetado el carácter informado, culturalmente adecuado, transparente, buena fe y libre de la consulta.
Esto de acuerdo con lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) así como en la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el cual señala que la consulta “adquiere carácter vinculante para México”, por lo que el Estado está obligado a garantizar dicho derecho.
Las organizaciones civiles recomendaron a los gobiernos federal, estatal y municipal establecer mecanismos claros de participación ciudadana y de toma de decisiones así como el respeto a lo establecido así como entregar información traducida e interpretada de acuerdo al contexto de las comunidades involucradas en todas las etapas del proceso.
Asimismo solicitaron que las y los habitantes reciban, de manera oportuna, información sobre los alcances, límites e implicaciones del proceso de consulta, ya que, precisaron, no todos los participantes contaban con el Protocolo de Consulta; además precisaron que la información dada por las autoridades para explicar el derecho a la consulta no ha sido la misma en cada sesión, «lo cual implica que no todos los participantes cuentan con toda o la misma información», señaló el reporte.
Las organizaciones reportaron que durante las sesiones no se tomó en cuenta la participación de todas las personas afectadas por el proyecto eólico y que, además, habitantes “han sido víctimas de hostigamiento, amenazas directas e incidentes de seguridad relacionados directamente con su participación en el proceso de consulta o la difusión del mismo”, como ocurrió contra Mariano López, miembro de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), y hacia el profesor Rodrigo Peñaloza.
En este sentido, instaron a que, durante las reuniones, eviten realizar actividades que propicien un ambiente conflictivo y de confrontación y división entre las comunidades, tal como la toma de decisiones “a mano alzada” (mecanismo que no estuvo regulado adecuadamente durante las sesiones), o bien, la traducción incorrecta o incompleta de la información, así como la participación de moderadores imparciales o que faltan al respeto a las y los habitantes.
ProDESC, Poder y Código DH manifestaron su preocupación debido a la traducción de la información del Protocolo de Consulta, pues ésta “es fundamental, ya que constituye el marco y la base para el desarrollo de las fases posteriores”, señaló el reporte; lo anterior debido a que las autoridades no informaron si los traductores al zapoteco estaban certificados o acreditados, además de que, de acuerdo con entrevistas realizadas por las organizaciones, existieron irregularidades en la traducción tanto de la información como de las intervenciones de las y los habitantes de Juchitán.
14/OVH