*Las OSC piden no debe desviar la atención a la crisis de DH derivada de desaparición forzada los normalistas
México, DF, a 9 de noviembre. Mediante un comunicado un grupo de organizaciones manifestaron su respaldo al trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, en el contexto de las crecientes declaraciones de difamación y descalificación por parte de autoridades estatales. Esto en el contexto de la crisis de derechos humanos derivada por la desaparición forzada de los 43 estudiantes y el asesinato de 6 de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
El comunicado destaca la acusación del gobernador Salvador Rogelio Ortega Martínez, en donde descalifica el trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, asimismo sobre la acusación al secretario técnico de la Red Guerrerense de estar vinculado con un grupo guerrillero, luego que un informe de inteligencia del gobierno mexicano fue filtrado a medios de comunicación.
Cabe recordar que en distintas ocasiones, integrantes de estos organismos de derechos humanos han sido foco de amenazas y hostigamientos directos, que han derivado en una situación real de riesgo inminente, como lo fue el caso de la salida forzada del país del Coordinador del Área Jurídica de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, en el marco de la defensa de los estudiantes de la misma Normal Rural de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011.
De igual forma, preocupa las recientes declaraciones del Gobernador interino del estado de Guerrero, Rogelio Ortega, quien en medio de esta crisis de derechos humanos, llama al director de Tlachinollan a formar parte del gobierno estatal. Es de destacar que tanto el Centro Regional José María Morelos y Pavón como Tlachinollan forman parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y son organizaciones reconocidas por su dedicación en el fortalecimiento de los liderazgos sociales que tanta falta hace en la zona, así como por la defensa jurídica de casos de violaciones graves de derechos humanos.
Las organizaciones calificaron de “inaceptable” las acciones del gobernador, ya que pone en riesgo la integridad física de las personas con acusaciones que ponen en entredicho su actuación como personas defensoras de derechos humanos; y recordaron que Guerrero es el estado con los más altos índices de violencia, inseguridad y corrupción; así como con los más altos índices de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones rechazaron cualquier intento del Estado mexicano de desviar la atención del hecho que el Estado continúa fallando en la búsqueda y localización de los 43 normalistas, y de desvirtuar al movimiento estudiantil.
“Es necesario que el Estado mexicano continúe con la búsqueda en vida de los 43 estudiantes y cumpla los compromisos firmados por el Presidente de la Repúblico con las familias de los normalistas el 29 de octubre, incluyendo la firma del convenio de asistencia técnica por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, finaliza el comunicado.
Entre las organizaciones que firman el comunicado están Artículo 19, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, JASS (Asociadas por lo Justo), Servicios y Asesoría para la Paz y la Red TDT.