*»Gobiernos y empresas ponen trampas para que entreguen sus territorios»; llaman a formar un «movimiento popular» inclusivo y no sólo de pueblos indígenas
Por Olivia Vázquez Herrera | Enviada
Puebla, Puebla, 6 de noviembre. En el contexto del V Encuentro Taller Latinoamericano Cuidado y Defensa del Territorio frente a la complejidad de las mineras en América Latina y el Caribe, que se realiza en la Universidad Iberoamericana (UIA) de esta ciudad, alrededor de 50 defensoras y defensores de territorio y bienes comunes de la región debatieron sobre las consecuencias de la entrada de las empresas mineras en América Latina.
Señalaron que nos encontramos ante la “financiarización” de la naturaleza y la vida misma, ya que el capital financiero domina territorios y bienes comunes, convirtiéndolos, a partir de la privatización y la mercantilización, en activos financieros.
Danilo Urrea, defensor ambiental colombiano, advirtió que “nos estamos abocando a un nuevo mapa geopolítico mundial”, ya que en América Latina han entrado nuevos actores que tienen la tecnología para extraer recursos, es decir, las empresas, quienes, con aprobación de los gobiernos, “se convierten en los Estados porque entregan ‘falsas soluciones’ (a las comunidades) y tienen injerencia en el ordenamiento del territorio”; asimismo, advirtió que “el modelo extractivista criminaliza y estigmatiza la protesta y la posibilidad de ser diferentes”.
En este sentido, Gustavo Castro, experto mexicano en modelos extractivos, expuso diferentes puntos sobre los movimientos sociales, entre los que destacó que el “movimiento popular no sólo es la lucha de los pueblos indígenas, ya que excluye a los demás, sino que debe ser inclusivo”; además de que las y los luchadores sociales no deben caer en las trampas que ponen el Estado y las corporaciones para que entreguen sus territorios, los cuales serán devastados ya que el modelo minero extractivo genera procesos que no permiten que la naturaleza se renueve.
De igual forma, el especialista mencionó que en América Latina existen mecanismos legales que protegen las actividades de las empresas mineras: Destacó que “hay tratados de libre comercio que generan marcos que permiten que las industrias extractivas arriben a América Latina”; además de que, si algún país decide expulsar a las empresas mineras, estas pueden demandar a los gobiernos ante el Banco Mundial. Prueba de ello es que “Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México deben 80 mil millones de dólares por afectar los intereses de las trasnacionales”, mencionó.
Movimientos populares para la defensa del territorio y los bienes
Gustavo Castro, expuso diferentes puntos sobre los movimientos sociales, entre los que destacó que el “movimiento popular no sólo es la lucha de los pueblos indígenas», ya que esta concepción excluye a los demás movimientos, por lo que invitó a que la defensa del territorio y los bienes comunes sean un proceso inclusivo”; además, puntualizó que las y los luchadores sociales no deben caer en las trampas que ponen el Estado y las corporaciones para que entreguen sus territorios, los cuales serán devastados ya que el modelo minero extractivista genera procesos que no permiten que la naturaleza se renueve, «no nos dejemos engañar, no existe la minería verde, sustentable o responsable», dijo.
Asimismo, el defensor ambiental colombiano Danilo Urrea advirtió que “el modelo extractivista criminaliza y estigmatiza la protesta y la posibilidad de ser diferentes”; y resaltó que en la defensa del territorio «la gente común es quien está generando los cambios, todo desde su lucha cotidiana».
En este sentido, las y los participantes, provenientes de comunidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú expusieron algunas de las estrategias que han implementado para defender sus territorios, esto con la intención de que luchadoras y luchadores de otros países las analicen y valoren si pueden llevarlas a sus contextos actuales.
Entre las acciones emprendidas por los pueblos latinoamericanos destacan la generación de coaliciones, redes y/o alianzas con otras comunidades, así como con organizaciones, instituciones educativas y medios de comunicación libres; el establecimiento relaciones con las personas afectadas por la minería y compartir experiencias de vida y de luchas; interponer recursos legales, como acciones de inconstitucionalidad y amparos, tanto en instancias nacionales como internacionales; y acudir a especialistas en minería y derechos humanos., para conocer más sobre dichos temas.
Además de hacer ejercicio pleno del derecho a la protesta social; realizar asambleas y encuentros y generar actas que constaten lo debatido en ellas; fomentar la memoria histórica en las nuevas generaciones; y, sobre todo impulsar la participación activa de toda la población (niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad).