*OSC denunciaron en audiencia ante la CIDH que el Estado criminaliza y combate contra las voces de disenso desde los años 50 y hasta nuestros días
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 2 de noviembre. Organizaciones de la sociedad civil acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los obstáculos en el acceso a la justicia a los que se enfrentan las y los familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, que inició en los años 60 del siglo pasado y hasta finales de los 80 —y que continúan hasta nuestros días, como el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa—, esto durante la audiencia sobre el tema de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México (Femospp).
Martha Camacho Loaiza, sobreviviente de desaparición forzada (ocurrida en 1977) manifestó que es difícil acceder a la justicia debido a la aplicación del régimen de prescriptibilidad en mencionados crímenes, todo ello a pesar de que la extinta Fiscalía en su momento reveló que “el régimen autoritario a los más altos niveles de mando impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaba para exigir mayor participación democrática en las decisiones que le afectaban”.
La representante de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa también mencionó ante la CIDH que aunque la Femospp concluyó que el combate contra las voces de disenso “se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad y violaciones al derecho humanitario internacional que culminaron en masacres, desaparición forzada, tortura sistemática y genocidio”, el Estado ha insistido en pedir el ejercicio de la no acción penal, tal como ocurrió en su caso y el de su esposo Manuel Alapizco Lizárraga, torturado y ejecutado extrajudicialmente frente a ella.
La activista tenía ocho meses de embarazo cuando fue desaparecida junto con su esposo. Relató ante la Comisión Interamericana que “en medio de tortura y golpes” dio a luz y que, como parte de la tortura, al recién nacido le pusieron una metralleta en la cabeza. Camacho Loaiza denunció ante la CIDH que, a pesar de que su caso y el de Manuel Alapizco fueron desapariciones forzadas consumadas, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió aplicar el ejercicio de la no acción penal y calificó los delitos como privación ilegal de la libertad y homicidio simple.
No obstante, la ahora defensora interpuso un amparo, en el cual una juez de distrito ordenó a la PGR investigar estos crímenes considerando su imprescriptibilidad, sin embargo, la Procuraduría interpuso un recurso contra el amparo, argumentando que dichos delitos no debían ser investigados. Asimismo, Martha Camacho señaló en la audiencia que, aunque el Estado ha insistido en que en nuestro país no hay desapariciones forzadas, justo cuando la Femospp abrió los archivos, encontró fichas suyas y de su esposo, las cuales mostró ante las y los comisionados.
La audiencia en la que participó Martha Camacho a nombre de su organización fue otorgada por petición de las siguientes organizaciones: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Fundación Diego Lucero; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Comité 68 Pro Libertades Democráticas; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; Nacid@s en la Tempestad y Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua.