En 90 días, instituciones de seguridad mexicanas (de las tres instancias de gobierno: federación, estado y municipio) perpetraron tres acciones criminales que cobraron al menos 29 vidas humanas (varios de ellos inocentes sin ninguna posibilidad de estar involucrados en alguna acción delictiva), y, en los tres casos, la primera reacción de las autoridades fue eludir todo tipo de responsabilidad e inclusive inculpar a los civiles de dichos actos; posteriormente, ante la difusión incontrovertible de su actuación, tuvieron que reconocer su participación, pero de inmediato dirigieron las incriminaciones e investigaciones hacia funcionarios de menor nivel, culpando a los individuos como si actuaran al margen de las instituciones de seguridad. Jesús Cantú/Proceso