*Comunidades y organizaciones denunciaron que Estado mexicano desvía poder para favorecer y proteger intereses de particulares
México, DF, 15 de octubre. Luego de realizarse la Décima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, comunidades y organizaciones de 17 estados del país denunciaron que “en México, vivimos bajo el régimen de un gobierno asesino que, lo mismo coordina directamente la destrucción y/o desaparición de personas, que generar condiciones para que agentes privados (miembros de bandas criminales, militares o paramilitares, bandas empresariales o políticas) lo hagan mediante el despojo de tierras, aguas y la salud de comunidades enteras”.
Más de 900 personas reunidas en Tula, Hidalgo, manifestaron que el Estado mexicano “continúa desviando el poder político y económico que detenta (pero que no obtuvo legítimamente) para favorecer y proteger los intereses de grupos particulares de poder”, específicamente mediante la entrega de permisos a empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Zigma, Lafarge, Holcim, por mencionar algunas, las cuales han causado severos daños a la salud, ambiente y recursos de las familias aledañas.
Además, externaron su preocupación por la situación actual de sus comunidades, ya que el gobierno “viola de manera sistemática todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas” al generar reformas estructurales (como la laboral, educativa, fiscal, de telecomunicaciones y energética), que apuntan hacia el despojo y “hacia la persecución política, judicial y criminal contra las organizaciones sociales creadas por los pueblos para la defensa de sus derechos”.
Denunciaron que “las luchas de resistencia de pueblos, comunidades, barrios y organizaciones sociales han estado sometidas a intensas campañas de aislamiento, fragmentación, sectarismo, invisibilización, persecución y exterminio”. prueba de ello son las detenciones de los voceros yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez; Marco Suástegui del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop); Nestora Salgado de la Policía Comunitaria de Olinalá; o los detenidos opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), entre otros, de quienes exigieron su inmediata liberación.
Durante la ANAA, las y los asistentes señalaron que presentaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblo (TPP), Capítulo México, 160 casos de violaciones a los derechos humanos y colectivos, producto de tres años documentando —junto con otras 500 organizaciones—. En este sentido, la Asamblea consideró que las y los jueces, además de emitir una condena pública, deben exigir un juicio penal contra los individuos, empresas, grupos e instituciones responsables de la catástrofe humanitaria que se vive hoy en México.
Entre los casos recabados, destacan las graves afectaciones generadas por “el crimen industrial” del empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, quien a su vez fue responsable último del accidente de 2006 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde perdieran la vida 65 mineros del carbón y cuyos cuerpos aún no han sido rescatados. Y más recientemente, la industria de Larrea fue responsable del derrame de 40 millones de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que ya está generando consecuencias graves en la salud y la economía de las y los pobladores de estas cuencas.
De igual forma, la ANAA documentó las luchas de los pueblos de Tepoztlán, Morelos y del valle de Lerma, en el Estado de México, contra los proyectos de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla y Naucalpan-Toluca, respectivamente, los cuales se ha demostrado jurídicamente que son ilegales. Asimismo, cuentan con información del pueblo de San Salvador Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en contra del renovado proyecto ilegal del aeropuerto de la Ciudad de México.
14/OVH