*Hay más de mil 200 migrantes detenidos en el país; piden terminar con políticas que criminalizan y “usan a la migración como pretexto para desplegar fuerzas de seguridad armadas”
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 8 de octubre. En el contexto del Foro Nacional sobre Personas Migrantes Centroamericanas en Prisión, organizado por diversas organizaciones defensoras, Fray Tomás González Castillo, director de La 72, Refugio para Personas Migrantes, advirtió que las mil 219 personas migrantes detenidas en México dan muestra de que “todo nuestro país es una gran cárcel para los migrantes centroamericanos (…) Es la garita más grande del mundo”.
Las cifras ofrecidas por el director de La 72 provienen del informe Migrantes en Prisión. La incriminación de migrantes en México, realizado por el Centro Prodh y el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana, el cual resalta que las y los migrantes que se encuentran en alguna prisión estatal o federal mexicana principalmente provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. Asimismo, señaló que tan sólo en los estados que integran la llamada “Ruta migratoria del Golfo” —Chiapas, Tabasco, Veracruz y San Luis Potosí— hay casi mil migrantes detenidos.
Es importante mencionar que cada año cerca de 400 mil migrantes cruzan territorio mexicano para llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades o bien, forzados a desplazarse a causa de la violencia en sus países de origen, de los cuales, 60 por ciento entran al país por la frontera con Oaxaca, y aproximadamente 25 por ciento, es decir, alrededor de 100 mil personas, entran por Tabasco, informó Fray Tomás González.
Las y los ponentes del foro lamentaron que las políticas migratorias de nuestro país utilicen “a la migración como pretexto para desplegar fuerzas de seguridad armadas”, como las policías federales y estatales, militares, marinos e integrantes de la Gendarmería, tanto en las fronteras como en las carreteras y caminos por donde transitan las personas en situación de movilidad, puntualizó Gabriela Morales, colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Por su parte, Mario Patrón Sánchez, subdirector del Centro Prodh cuestionó si la legislación migratoria mexicana (cuyo eje es la detención) “forma parte de una política indirecta de migración condicionada por Estados Unidos” para que las y los migrantes no puedan llegar al país vecino; argumento que fue apoyado por Alejandro Solalinde Guerra, director del Albergue Hermanos en el Camino, quien denunció que en las cárceles, hay muchos migrantes inocentes, que han sido criminalizados por las políticas “represivas” del Estado.
A través de un pronunciamiento leído por el defensor hondureño Celeo Álvarez de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco), se exigió al gobierno establecer “condiciones para que las personas migrantes en tránsito vean garantizados sus derechos fundamentales”; y que en caso de que sean involucrados en procesos penales, se respeten sus derechos al acceso a la justicia, al debido proceso, a contar con un traductor y a la notificación consular; “también se deben establecer acciones claras en contra de la tortura y la discriminación”, añadieron las y los activistas.
El Foro Nacional sobre Personas Migrantes Centroamericanas en Prisión también contó con la participación de Pedro Pantoja de la Casa del Migrante de Saltillo; Denise González Núñez del Centro Prodh; Rita Marcela Robles del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Diana Martínez de Sin Fronteras; y de José Francisco Sieber, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR), quienes expresaron su preocupación por la ausencia de cifras oficiales sobre migrantes detenidos en México así como de las condiciones en que éstos se encuentran y, sobre todo, de la verificación del cumplimiento de sus derechos.
Finalmente, Mario Patrón Sánchez, informó a las y los asistentes que el día de hoy, él junto con Alejandro Solalinde, Pedro Pantoja y Tomás González viajarán al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, de Tepic, Nayarit, donde se encuentra recluido el migrante hondureño garífuna Ángel Amílcar Colón Quevedo, nombrado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional (AI) y cuya defensa acompaña el Centro Prodh.
Recordemos que el caso de Ángel Amílcar es paradigmático, ya que da cuenta de la criminalización, discriminación, tortura y humillación de la que son víctimas. En estos momentos, existe la posibilidad de que el defensor hondureño sea liberado, siempre y cuando la Procuraduría General de la República (PGR) presente conclusiones de “no acusación en su caso”, por ello los defensores hicieron un llamado para que se termine con la injusticia que ha mantenido por más de cinco años en prisión injusta a Colón Quevedo.