La desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de Estado, cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en hechos cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de tres estudiantes y cuatro ciudadanos y la desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de los estudiantes secuestrados y el castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su responsabilidad encontrar y decir la verdad. A cuarenta y seis años de la masacre del 2 de octubre podemos impedir que se repitan las mentiras y la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices. Imanol Ordorika y Adolfo Gilly/La Jornada