México, DF, 1 de octubre. En el contexto de las movilizaciones por la conmemoración de los 46 años de la matanza de Tlatelolco del dos de octubre de 1968, las organizaciones civiles que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, el Comité Jurídico y de Derechos Humanos (Cojudh) 132 y el Colectivo El Tribuno Popular hicieron un llamado para que las autoridades garanticen el libre ejercicio de los derechos a la protesta, manifestación pública, expresión y asociación.
A través de un comunicado, exhortaron a las Comisiones de Derechos Humanos Nacional (CNDH) y capitalina (CDHDF) para que emitan medidas cautelares para la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y la Policía Federal (PF) además respeten los derechos de movilidad, libertad, seguridad e integridad personales de las y los asistentes a las movilizaciones y de la población del DF que circunde la ruta de la protesta.
De igual forma solicitaron a la SSP-DF “abstenerse de aplicar el Protocolo de Actuación Policial para el control de Multitudes, ya que además legitimar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, contempla disposiciones que contravienen el principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad y seguridad personales, e impone restricciones injustificadas al derecho a la manifestación pública y a la protesta social”, puntualizó el escrito.
En este sentido, las organizaciones informaron también que sus integrantes realizarán monitoreo de las manifestaciones y brindarán acompañamiento a las y los asistentes, en su mayoría estudiantes universitarios y de educación media superior, así como organizaciones sociales. Recordaron además, que en días recientes, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del DF otorgó dos suspensiones provisionales que protegen a colectivos estudiantiles de las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
Dicha determinación proviene de la interposición de 20 amparos que representan a cerca de 14 mil personas, entre ellas ciudadanía, sindicatos, colectivos estudiantiles, periodistas y organizaciones y personas defensoras; resaltó además la preocupación por “el aumento significativo en el número de violaciones a derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas en el Distrito Federal (…) y la relación proporcional directa entre el número de detenidos arbitrariamente, los civiles lesionados y los policías que integraron los operativos”.
Presentan iniciativa que busca regular marchas en Veracruz
Mediante otro comunicado, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social informó que el pasado 26 de septiembre, el diputado priista Adolfo Ramírez Arana presentó al congreso veracruzano una iniciativa “que contempla restricciones desproporcionadas para las manifestaciones públicas. En particular, algunos de los artículos que violentan los derechos a la libertad de expresión y reunión”, por lo que las organizaciones que integran el colectivo solicitaron a las y los legisladores de Veracruz desecharla.
Mencionada propuesta señala en sus artículos 61 y 63 que para poder realizar una manifestación pública se deberá dar aviso con cinco días de anticipación, que éstas deberán tener una “causa justificada” que estipule “las razones que justifiquen la afectación del tránsito y la seguridad vial” para que la SSP emita “una autorización por escrito”. Además de que en el artículo 17 se precisa que de no contar con los permisos, la SSP pedirá “retirase pacíficamente y si se niegan, deberá hacerse uso de la fuerza pública”.
Asimismo, “en el artículo 62 se establece la obligación de dar facilidades a las manifestaciones ‘cuya finalidad sea perfectamente lícita’ (…) El artículo 65 dispone que Seguridad Pública ‘tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo de vías primarias de circulación’. Estos conceptos son ambiguos e imprecisos, facilitando una aplicación arbitraria de la autoridad. Además, restringe ilegítimamente la libre expresión y reunión, al prohibir manifestarse en vías primarias”, advirtió el Frente.
Finalmente, las organizaciones denunciaron que el artículo 18 establece que cuando “se “presuma la comisión de algún delito o se cometan infracciones a la ley (como no contar con autorización o usar vías primarias en manifestaciones), se procederá la detención de usuarios por flagrancia, medida que resulta completamente desproporcional y violatoria de derechos humanos”.
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